Encalladas. Esa es la palabra más utilizada por dirigentes del PSOE y de Esquerra cuando se les pregunta por el estado de las negociaciones para llevar a las Cortes un proyecto de ley de modificación del Código Penal para los delitos de rebelión y sedición. Para los republicanos es, en esta fase final de la legislatura española, una cuestión preferente. Para Pedro Sánchez es simplemente una iniciativa legislativa importante en la que alega, para aferrarse a las dificultades de un cambio de esta naturaleza, que no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados suficiente.

Si por mayoría suficiente entiende que es imposible alcanzar en esta cuestión una mayoría parlamentaria que vaya más allá de lo que fue la mayoría que votó su investidura como presidente, es cierto. Que no espere encontrar aquí a ninguna de las derechas españolas, que no harán otra cosa que tirarle en cara la cesión a los independentistas. Otra cosa es que las leyes orgánicas precisan, para su aprobación o modificación, de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, o sea, la mitad más uno del total de votos de diputados en la cámara baja, que se alcanza con 176 votos favorables.

Habida cuenta de que PSOE e Unidas Podemos suman 155 escaños, precisan 21 para alcanzar los 176 y Esquerra Republicana aporta ella sola 13. O sea, Sánchez si quiere puede. Otra cosa es que no quiera y los republicanos no quieran utilizar una tecla como es cortar de cuajo la legislatura y que le obligue a hacerlo. Verbalmente, ERC ya ha hecho algún escarceo de querer imprimir un cambio de ritmo al desarrollo de la legislatura española, muy pobre en cuanto a resultados, donde solo computan los indultos, y primero la secretaria general, Marta Rovira, apuntó que se había acabado el fiar al PSOE y recientemente la consellera Vilagrà elevó el tono señalando que se estaban jugando la legislatura si no encarrilaban la modificación del Código Penal.

Los últimos movimientos públicos del Gobierno español en este tema han sido desiguales. Mientras Iceta insistía en el discurso oficial de que no hay una mayoría política para ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puntualizado que la reforma del Código Penal debe hacerse porque es una necesidad social y nunca para un caso concreto, en referencia al president Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica. Todo ello, olvidando que Puigdemont ha dicho por activa y por pasiva que no va a acogerse a hipotéticas soluciones personales y que lo que se necesita es una ley de amnistía que ponga el broche final a todos los procesos abiertos.

Todo apunta a que la situación actual de encallados, sin ir hacia adelante ni hacia atrás, va a acabar siendo la definitiva y que el debate se va a ir consumiendo más en los medios de comunicación que en la tribuna de oradores del Congreso. El PSOE ha entrado en modo campaña electoral y no va a traspasar, con unas campañas muy difíciles por delante, sus líneas rojas. Mucho me temo que la reforma del Código Penal quedará para otra legislatura. O para nunca.