Como cada vez que tiene que anunciar una decisión importante, Pedro Sánchez se ha recluido desde el pasado viernes en el Palacio de la Moncloa, envuelto, según dicen los fontaneros del gobierno, en una montaña de encuestas flash, perspectiva de la evolución económica en España durante los dos próximos meses, informes sobre los movimientos previsibles en política internacional y detalles concretos sobre si realmente la vivienda es el momentum que había estado esperando para convocar a las urnas. Nadie sabe qué va a hacer y por eso nadie se aventura a ser taxativo con su vaticinio; su intención es mantener esta intriga hasta este mismo lunes a primera hora.
El epicentro de su campaña está claro: la vivienda. Cabalgar a lomos de su derrota parlamentaria con tanta contundencia que consiga hacer olvidar que en los ocho años de presidente esta materia no ha formado parte de sus prioridades. Y eso que indicios tenía de sobra: en 2018 era el problema número trece de los españoles y ahora es el primero. Incluso, el pasado mes de julio descartaba abrir este melón cuando Junts per Catalunya le puso encima de la mesa un decreto ley; ni se lo miró y mucho menos contestó. Ha sido el denominado asunto Maricarmen el que, en un intento desesperado, veremos si audaz, ha cambiado el guion del verano. De golpe, Ceuta ha desaparecido, las calles se movilizan y el interrogante para todos, también para él, tiene que ser si está en condiciones de subirse a ese tigre descontrolado o el animal lo tirará y lo acabará devorando.
Nadie sabe qué va a hacer, y por eso nadie se aventura a ser taxativo con su vaticinio; su intención es mantener esta intriga hasta este mismo lunes a primera hora
Como no hay presidente que se precie sin visitadores de sus estancias presidenciales, los de Sánchez incluso están especulando con que, si hay convocatoria electoral, puede el Gobierno volver a aprobar los decretos que el Congreso rechazó el viernes y presentarlos en la Diputación Permanente, que es el órgano parlamentario que rige las decisiones del parlamento tras la firma del decreto de convocatoria y hasta la constitución de las siguientes Cortes generales. Se da la circunstancia de que en la Diputación, de la que forman parte 68 diputados y la presidenta —en vez de los 350 del Congreso—, la reducción del número hace que, por ejemplo, el voto de Junts no sea decisivo. Vamos, tendría un tinte antidemocrático, ya que sería tanto como escaparse del control del Congreso y utilizaría esa circunstancia aritmética para validar lo que el Congreso suspendió.
Tiene un punto preocupante el solo hecho de que se especule con esto, pero en Madrid así están las cosas. Hay rumores para todos los gustos, discrepancia entre los socialistas sobre la mejor estrategia y una indisimulada convicción de que los números ahora no salen, pese al ruido y la propaganda de la televisión, las radios y los medios que le son más próximos. Estos últimos, leales al sanchismo, no quieren elecciones y utilizan la pólvora de la que disponen para hacérselo saber. Las portadas tienen mucho de eso y las encuestas de última hora, el carril por donde circulan sus deseos y también sus temores. Porque en juego no solo hay un cambio de gobierno.