El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que pagó religiosamente su alquiler durante 70 años, pero cuyo piso ha caído en manos de un fondo buitre, ha vuelto a apretar el cinturón al Gobierno en un tema especialmente sensible como la vivienda. El desahucio del miércoles en Madrid, en el barrio del Retiro, ha actuado obviamente como revulsivo político y el decreto atascado desde julio ha vuelto a cobrar vida. Solo existe un problema: las mayorías siguen siendo las mismas y los votos de Junts vuelven a ser imprescindibles. En consecuencia, la partida se está jugando de manera a como lo explica el Gobierno: no presenta Junts unas enmiendas al decreto del Ministerio de Vivienda, sino que le ha presentado un texto articulado y redactado por Junts, desde la exposición de motivos hasta el último punto.
El texto obra en manos del ejecutivo español desde hace alguna semana y no se había movido nada… hasta el caso de Maricarmen. Ahora, todo son prisas e incluso Sumar exige que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, pero los números siguen sin dar. Y, planteado como está por parte de los independentistas catalanes, que no piensan hacer concesiones y sus posiciones no han variado desde el documento de 25 medidas presentadas en diciembre de 2024, el acuerdo es muy difícil, ya que los puntos de partida son muy diferentes. De fondo está cómo proteger al inquilino sin trasladar todo el coste al propietario.
El texto obra en manos del ejecutivo español desde hace alguna semana y no se había movido nada... hasta el caso de Maricarmen
Así, ha rechazado la prórroga general de los alquileres planteada por el Gobierno; exige deducciones para quienes pagan alquiler o hipoteca, para el ahorro destinado a comprar vivienda y, en ciertos casos, para viviendas puestas en alquiler habitual; exige garantías ante impagos y ocupaciones para el pequeño propietario y rechaza tratarlo igual que a un banco o un fondo; y, finalmente, defiende temas competenciales de Catalunya en cuestiones como el alquiler de habitaciones y de temporada, donde plantea que la capacidad legislativa sea de Catalunya. Medidas, todas ellas, en las antípodas de posiciones de partidos como Podemos.
Como que planeará en cualquier solución el impacto del desahucio de Maricarmen, Junts tiene aquí una vía de escape fácil, ya que con su propuesta no se habría producido. Pero es indiscutible que sus medidas son de centroderecha en un momento en que del PSOE hacia la izquierda se quiere aprovechar la coyuntura. Es ahí donde el Gobierno deberá considerar los diferentes escenarios: ¿vuelve a perder como en todas las anteriores ocasiones o cede en posiciones que, hasta ahora, eran innegociables? Uno de sus socios, Gabriel Rufián, reprocha al Gobierno que haya entrado en el juego de Junts y ha hablado directamente de chantaje de la derecha catalana.
La partida, por tanto, sigue abierta. Pero los escenarios no son tantos y solo hay un camino para el Gobierno si quiere aprobarlo. Sin embargo, eso ya lo sabía desde el principio. Por cierto, ahora que reaparecen mediáticamente personalidades como la exalcaldesa Ada Colau, para hacerse oportunamente la foto en un desahucio de Barcelona, si mis datos son correctos, en el período que ella ocupó el máximo cargo de la ciudad, entre 2015 y 2022, durante ocho años, en la capital catalana se ejecutaron unos 17.000 desahucios. La hemeroteca solo recuerda su presencia en uno, en Nou Barris, en su primer día hábil como alcaldesa.