Aunque el Gobierno intenta echar agua al vino, es evidente, desde todos los puntos de vista, que el curso que se inicia en España va a tener una vertiente judicial que, depende de como, va a ser más relevante que la política. Hasta el extremo que vamos a ver qué consecuencias políticas tienen muchas decisiones judiciales. En concreto, el curso arranca con cuatro carpetas judiciales de diferente índole. La primera, la elección del presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que es, a su vez, presidente del Tribunal Supremo. Desde el 25 de junio llevan los 10 miembros que lo son a propuesta del PSOE y los otros 10 a instancias del PP, buscando ponerse de acuerdo y persistiendo el empate entre los aspirantes. Tanto es así, que a pocos días de que el rey inaugure el jueves el año judicial, se desconoce quién le acompañará como anfitrión del acto. Quien sí estará es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra al borde de la imputación por un delito de revelación de secretos.
La segunda carpeta judicial, la más importante y la que condicionará la legislatura en España, tiene que ver con la aplicación de la ley de amnistía en las diferentes instancias judiciales, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. La decisión de los magistrados Pablo Llarena y Manuel Marchena de no conceder la amnistía a Carles Puigdemont, violentando la redacción de la ley y manteniendo la acusación de malversación, va a retardar la normalización de su retorno a Catalunya. ¿Durante cuánto tiempo? Unos meses en el Supremo y después quedará en manos de una decisión del Tribunal Constitucional, que se espera sea favorable. Hasta entonces, el pleito de la alta magistratura contra el poder político formará parte de un nuevo episodio oscuro en la historia de España y servirá para que se opine frívolamente sobre la venida y marcha de Puigdemont el pasado mes de agosto y se obvie el verdadero problema que tiene el Estado: que los jueces no acatan la ley.
Con presupuestos o sin, el Estado continúa invirtiendo en Catalunya menos de lo presupuestado, el 45% en 2023, frente al 163% de Madrid. Pero de eso, parece, que nadie quiere hablar.
La tercera carpeta judicial tiene que ver con el llamado caso Koldo y la compra de mascarillas en el inicio de la pandemia por parte del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Aunque el PSOE ha tratado de tener a Ábalos tranquilo durante muchos meses, la insistencia del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, pidiendo más y más documentación, ha acabado rompiendo algunos diques de contención. Hoy, Ábalos es un político despechado después de que su sustituto, Óscar Puente, le pusiera a los pies de los caballos con una auditoria interna y cesara a varios de sus colaboradores. El exministro ha amenazado públicamente con hablar y, privadamente, con que no está dispuesto “a comerse el marrón” y si se queda sin protección tirará de la manta. El PP anda impaciente de que acuda en su ayuda en busca de una comprensión que dice no ha encontrado en el PSOE.
La última carpeta judicial y la más delicada es la del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aunque tanto el presidente como su esposa han pasado al ataque acusando al juez Peinado de prevaricación, el caso no está, ni mucho menos, resuelto y todo apunta a que va a causar daños importantes. Aunque no hay una única causa, el adelanto electoral de casi un año del congreso del PSOE para este otoño tiene también que ver con adelantarse al deterioro político que está teniendo en este flanco. Un congreso exprés ayuda, sin duda, a acallar voces críticas y reduce la capacidad de maniobra de los opositores que, por otro lado, hacen algo de ruido, pero su musculatura interna es, al menos hasta la fecha, más bien reducida.
Sin embargo, todo ello se ha juntado con la oposición de los barones socialistas al acuerdo entre el PSC y Equerra sobre la financiación para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa. Aunque el acuerdo dista mucho de ser un concierto económico y, obviamente, tampoco acaba con el expolio fiscal, los dos objetivos que tendrían que primar en un acuerdo, sí es un avance respecto a lo que hay en la actualidad, si se acaba aplicando, en la asunción, por parte de la Generalitat, de la administración de todos los impuestos. Este melón, insuficiente en Catalunya para lo que han sido las demandas históricas, pero suficiente para poner en pie de guerra a los partidos españoles, depende de como se le puede envenenar a Sánchez. Entre otras cosas, porque la pedagogía de PSOE y PP durante muchos años ha sido alimentar el discurso contrario al que Moncloa hace hoy en día.
De ahí el congreso del PSOE, que se juntará con el de Junts y Esquerra y que acabará siendo para Pedro Sánchez la excusa perfecta para que, por segundo año, no haya presupuestos generales del Estado. Eso sí, con presupuestos o sin, el Estado continúa invirtiendo en Catalunya menos de lo presupuestado, el 45% en 2023, frente al 163% de Madrid. Son cifras de julio de este año, pero podrían ser de cualquier año, ahora con Pedro Sánchez y antes con Mariano Rajoy. Pero de eso, parece, que nadie quiere hablar.