Al final, el Gobierno de Pedro Sánchez y su ineficaz ministro de Justicia han tenido que recular y aceptar que el pulso que habían realizado al Consejo General del Poder Judicial estaba perdido y, en consecuencia, retirar del Congreso de los Diputados la reforma para rebajar las mayorías exigidas para la renovación del organismo. No se podía haber hecho tan mal, ni con tan malas artes, como para perder por goleada una batalla política y judicial trascendental que deja al ejecutivo español desarbolado y a los pies de los caballos en su litigio con la alta magistratura. Lo que empezó siendo al inicio de la legislatura un pulso entre el PSOE y Podemos por un lado y el PP por el otro para revocar un organismo caducado desde hace tiempo como el CGPJ ha desembocado en una batalla campal en la que inteligentemente los populares se han colocado en un segundo plano y han dejado que Sánchez y Pablo Iglesias se estrellaran solos en Bruselas con su propuesta de rebajar las mayorías parlamentarias y así poder renovar el máximo organismo de los jueces.

Tres asociaciones judiciales protestaron en Bruselas argumentando que era un ataque a su independencia y que el poder político, o sea el gobierno, lo que quería era controlar el poder judicial. Un argumento sin duda ganador en los despachos comunitarios en los que de poco sirvió explicar que era justo lo contrario: no podía ser que el CGPJ fuera rehén del Partido Popular, que en un entramado tejido durante décadas ha conseguido hilvanar un reparto de los cargos absolutamente favorable. Así, desde los tiempos de Aznar, el PP siempre ha practicado la misma política respecto al Consejo del Poder Judicial: bloquear los cambios cuando está en la oposición, propiciarlos cuando está en el gobierno. Se da en estos momentos la circunstancia de que, pese a que el organismo está en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, se han seguido haciendo nombramientos como si tal cosa hasta el pasado 30 de marzo, en que el BOE publicó lo que antes habían aprobado el Congreso y el Senado y que limita sus funciones cuando a sus miembros les haya vencido el mandato.

La victoria de los jueces sobre el gobierno no es baladí y tendrá consecuencias. En primer lugar, refuerza la posición de aquellos magistrados que desde importantes posiciones del CGPJ, del Supremo y de la Audiencia Nacional han estado detrás de la operación de realizar primero un pulso al Gobierno, después de mantenerlo durante un periodo largo de tiempo y, finalmente, salirse con la suya. Además, Pedro Sánchez se ha quedado sin plan B para esta legislatura y para un escenario que sea diferente en el futuro falta mucho tiempo. Las actuales estructuras salen reforzadas y el Gobierno ha demostrado que es un ejecutivo de perfil tan plano y con tan poca capacidad para salirse con la suya que, por ejemplo, carpetas como la de la modificación del Código Penal para modificar el delito de rebelión o los maltrechos indultos acaban siendo verdaderos Everest para un ejecutivo carente de estrategia y solo pendiente del día a día.

Y como final y más preocupante, las plumas que se deja el poder político en la batalla. Paradojas del momento: la izquierda tiene aparentemente más poder que nunca y los hilos del poder real los mueve la derecha. Y lo que es peor: los primeros, a veces, parece que no se enteran.