La decisión del Tribunal de Cuentas reactivando la causa que tiene abierta contra 35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, que incluía en la segunda presidencia a Oriol Junqueras con el rango de vicepresident, hace evidente que los flecos de la represión siguen muy vivos. Y eso que el Tribunal de Cuentas no es propiamente un tribunal, más allá de su nombre, sino el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público y sus miembros son escogidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, seis cada cámara legislativa, mediante votación por mayoría de tres quintas parte en cada una de ellas y por un mandato de nueve años. Pues bien, imbuidos de una autoridad inexistente, fruto de unas atribuciones que desplegaron a raíz del 1-O, la consejera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha notificado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana que tienen 10 días para presentar los escritos de conclusiones de sus acusaciones.

Este movimiento tiene un punto de sorprendente, ya que la causa estaba parada desde el enero pasado. Bien es cierto que, tan solo, provisionalmente, ya que la consejera descartó aplazar el final del juicio por la tramitación de la ley de amnistía y esperar su desenlace. Como que nunca hay puntada sin hilo y las cosas no pasan por azar, a la madrileña Enriqueta Chicano, progresista y en el año 2000 candidata fallida al Senado, ya le debe haber parecido bien este movimiento. A lo mejor, en función de algún pacto, ya se frenará todo, pero mientras tanto, los flecos del procés siguen haciendo su camino. La Fiscalía reclama que paguen 3,2 millones de euros y Sociedad Civil Catalana, 5,3 millones por los gastos del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017, el periodo que abarca las presidencias de Mas y de Puigdemont.

No es el único fleco que tiene vida propia. El segundo es el relacionado con la infección de los teléfonos móviles a través del software israelí Pegasus. En este escandaloso asunto, se juega una partida interesante. El juez de Barcelona que investiga el espionaje al president Pere Aragonès ha rechazado archivar la imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que le ha pedido la Abogacía del Estado, que lleva su defensa. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García García, ha descartado el archivo sin preguntar la opinión de la Fiscalía ni de la defensa de Aragonès, ejercida por el penalista Andreu Van den Eynde. Aragonès quiere llegar hasta el final y el juez está dispuesto a aclarar si el CNI le investigó sin mandato legal, como sostiene Esquerra.

En el oscuro asunto de Pegasus, los socialistas han tratado de tirar pelotas fuera y en su día entregaron una cabeza insuficiente, la de la directora del CNI

En el caso de la infección de teléfonos móviles con Pegasus, los Mossos d'Esquadra han confirmado que diputados de la CUP también fueron espiados. Esta es la segunda ratificación por encargo judicial; se refiere, en concreto, al diputado Carles Riera, en febrero de 2019, y también tienen indicios que el móvil de Albert Botran fue infectado en 2020, cuando era diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados. En este oscuro asunto, los socialistas han tratado de tirar pelotas fuera y en su día entregaron una cabeza insuficiente, la de la directora del CNI. Con ello se salvó la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el gobierno de Pedro Sánchez consiguió hacer de un escándalo mayúsculo una cosa casi doméstica y acotar la dimensión internacional del espionaje político. Por mucho menos, otros han pagado mucho más. Pero en España, cuando hay los independentistas por en medio, esta vara de medir no acostumbra a ser la reglamentaria.