Absolvemos con todos los pronunciamientos favorables a Gonzalo Boye Tuset de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por los que venía siendo acusado. Casi siete años después de la mañana del 21 de octubre de 2019, fecha en que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ordenó registrar el domicilio y el despacho profesional de Boye, una entrada profusamente difundida por los medios para tratar de acabar civilmente con el abogado, el tribunal que lo ha juzgado, formado por tres magistrados de la sala Penal, no solo lo absuelve de los dos delitos de los que era acusado, sino que formula una contundente desautorización de la Fiscalía al desmontar elementos centrales de su acusación. Nada, ni la absolución, va a servir como atenuante de un caso tan palmario de persecución de Boye porque era el abogado de Carles Puigdemont. La onda judicial contra el independentismo catalán ha tenido, ciertamente, más casos como el de Boye, construidos artificialmente o con bases muy poco sólidas, pero que ponen los pelos de punta. Y aunque todo haya quedado superado por la absolución del tribunal con todos los pronunciamientos favorables, vale la pena recordar que la Fiscalía mantuvo hasta el final del juicio, en febrero de 2025, una petición de 9 años y 9 meses de cárcel.
Que la causa contra Gonzalo Boye tenía mucho que ver con la situación de ser el abogado defensor de Puigdemont era una obviedad y así lo tengo escrito desde 2020. Que se cierre en estas fechas y que en las próximas semanas el Tribunal Supremo levante la orden de detención del president en el exilio no es, lógicamente, una casualidad. La desescalada judicial, a veces perceptible y otras no, está siendo muy evidente a la vuelta del verano, como si las carpetas tuvieran ahora que cerrarse con toda premura. Recordemos qué era el caso Mito: la investigación de una gran organización de narcotráfico presuntamente dirigida por José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, dedicada a introducir cocaína en España y al blanqueo de sus beneficios. Dentro de la macrocausa, se investigó también el origen de casi 900.000 euros intervenidos en Barajas en 2017 cuando iban a ser trasladados a Colombia, y por ese episodio fue acusado, entre otros, Gonzalo Boye.
Que la causa contra Gonzalo Boye tenía mucho que ver con la situación de ser el abogado defensor de Puigdemont era una obviedad y así lo tengo escrito desde 2020
Un caso que tenía todos los ingredientes para que, convenientemente aliñado, tuviera el morbo necesario. Narcotráfico y el abogado de Puigdemont. ¿Qué podía salir mal si informativamente caminaba solo? Nuestra colaboradora Elisa Beni, muchos meses más escéptica que yo, escribía en las redes sociales tras la absolución de Boye: "La Justicia, hay que confiar en ella". Yo, más bien, me pregunto: ¿cómo pudo sostenerse durante tantos años una acusación que pedía casi diez años de prisión contra un abogado cuando la sentencia concluye que el testimonio en que se sustenta fundamentalmente su imputación carecía de corroboración en aspectos esenciales y no era totalmente veraz? Porque era necesario que se demostraran dos cosas especialmente comprometedoras para Boye: que sabía que el dinero procedía del narcotráfico y que participó conscientemente en la creación de documentación falsa para darle apariencia lícita. La sala concluye que ninguna de las dos ha quedado probada.
La pieza central acusatoria era un testigo al que el tribunal ha acabado restando credibilidad. La propia sentencia dice que la imputación de Boye se sustentaba fundamentalmente en la declaración de Manuel Puentes. Pero inmediatamente señala que parte de su relato carece de corroboración objetiva y que no la considera totalmente veraz. Ahí se desmonta todo, ya que esto es especialmente serio, porque Puentes era quien colocaba a Boye en el centro de la supuesta operación: reuniones en su despacho, utilización de pagarés/letras para justificar el dinero y participación en la firma de contratos. La Fiscalía necesitaba que ese relato resistiera el juicio, algo que no ha sucedido. También precisaba que el punto de partida de la acusación, con apariencia de serio, resistiera, cosa que tampoco ha pasado. Tampoco tenía consistencia que, de golpe, Puentes, que inicialmente no había incriminado a Boye en enero de 2019, cambiara su versión en julio, cuando afirmó que Boye había ideado los contratos. Era muy burdo, pero ha llegado hasta el final esta versión, con la Fiscalía suscribiéndola. Y, por en medio, casi siete años horribles.