Se ha cumplido este miércoles una semana desde que se empezaron a publicar las primeras noticias de la compra de un ático de 495 metros cuadrados en una zona VIP de Madrid para que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo utilizara como oficina temporal mientras duran las obras de la Real Casa de Correos, donde está la sede del Gobierno autonómico. Durante esta semana hemos sabido lo siguiente: primero, se conoce la noticia de la que el gobierno Ayuso no había informado previamente. Ante el vendaval informativo, se anuncia que la comunidad pondrá en breve el ático en venta y el dinero se destinaría a la reconstrucción de la Sierra Oeste de la capital afectada por los incendios.
Inmediatamente se conoce que el lujoso ático había costado 6,3 millones de euros, que se habían pagado con dinero público y, sorpresa de las grandes, el inmueble tiene uso residencial y no de oficinas. El lío a estas alturas ya era enorme: ¿se estaba camuflando como un uso personal de Ayuso y era falso que la compra respondiera a necesidades administrativas? Y no solo eso, ¿cómo una empresa pública había comprado por 6,3 millones de euros un ático residencial de lujo, había dicho que era como sede de una oficina provisional de Ayuso y la operación en cuestión no está inicialmente explicada, como corresponde, en el portal de transparencia?
La polémica ha demostrado que la aparentemente imbatible Ayuso tiene fisuras importantes en su gestión y su forma de entender el uso del dinero público
Pero a estas alturas, la chapuza era enorme, las explicaciones imposibles y, además, Ayuso estaba atrapada. Acostumbrada a ganar batallas —o, al menos, a plantearlas— confrontándose a Pedro Sánchez, a la izquierda en general o a cabalgar encima de la ideología más de derechas posible, con mucho populismo en todas sus declaraciones, el escenario era el peor para ella. Se tenía que defender en vez de atacar y sus explicaciones eran imposibles. Buscó un culpable, claro está, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Pero el parachoques era a todas luces insuficiente. Por más que dijera que no tenía la menor idea de la operación. Carecía de cobertura posible, ya que ella era la beneficiaria y en tan mal lugar quedaba si lo sabía (lo más probable) como si no lo sabía (casi imposible).
Resumiendo: malas explicaciones y, en última instancia, un despilfarro de dinero público. La polémica ha demostrado que la aparentemente imbatible Ayuso tiene fisuras importantes en su gestión y su forma de entender el uso del dinero público. La oposición lo ha aprovechado, como es normal, y la lideresa se ha tambaleado en medio de un discreto apoyo de los suyos. Segunda novedad: ha habido como un evidente silencio de muchos dirigentes del PP que ya les ha ido bien que la presidenta de la comunidad acabe teniendo un verano movido. Además, es agosto y el tema es lo suficientemente feo para que Ayuso no sea capaz de cerrar la polémica. Malo si no habla y peor si lo hace.