El Parlament de Catalunya ha decidido querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por vulnerar los derechos políticos de uno de los diputados de la cámara, Jordi Sànchez. La querella por prevaricación contra el magistrado se presenta después de que el TS haya impedido su participación en la sesión de investidura que se tenía que haber celebrado este viernes y en la que hubiera tenido que defender su candidatura a president de la Generalitat. Llarena no le permitió abandonar la presión de Estremera para acudir al Parlament y tampoco que la sesión se realizara por videoconferencia. En esta ocasión, a diferencia de la primera investidura de Sànchez el pasado mes de marzo que el magistrado también impidió, ha hecho caso omiso de las medidas cautelares del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La mayoría independentista de la Mesa no ha reculado ni tras las amenazas del portavoz del Gobierno español, Ìñigo Méndez de Vigo, que ha declarado desde el Palacio de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, que una decisión así "podía generar un disgusto a los que la adoptaran", ni tampoco después de que el ministro Rafael Catalá asegurara que la querella "amenaza e intenta coaccionar a Llarena". Cs y PP han anunciado que estudiarán si hay malversación en la querella del Parlament.

Es evidente que una querella de esta naturaleza es un hecho excepcional. Tan excepcional como los sucesos que se están produciendo en la política catalana y que están alterando el normal funcionamiento de las instituciones después de los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre y que volvieron a dar la mayoría en la cámara a los partidos independentistas. La privación de derechos, como el de ser elegido, de un diputado que está en prisión provisional es una gran anomalía. Es obvio que el Parlament tiene derecho a defenderse en las instancias correspondientes cuando considera, con mayor o menor acierto, que se está vulnerando su integridad como institución o individualmente la de cada uno de los 135 diputados. Esa defensa, en este caso por vía penal, podría ser en otro momento por la vía contencioso-administrativa o con la personación en una causa judicial.

No hay, por tanto, en mi opinión, malversación de dinero público ya que entre sus competencias está la defensa de la integridad de la cámara allí donde sea necesario. Otra cosa es que lo lógico y lo razonable es que no se hubiera tenido que llegar a ello y que el juez Llarena hubiera atendido la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo internacional que con su consejo abría una puerta que permitía una corrección del rumbo del magistrado hasta la fecha sin que hubiera tenido que ser visto necesariamente como una rectificación. Pero parece que la única estrategia posible sea la de adelante a toda máquina.