Situado justo en medio de las diferentes derechas españolas que lo quieren fuera del palacio de la Moncloa cuando antes mejor, y del gobierno catalán que ha decidido explorar en qué consiste el diálogo ofertado por el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez tendrá que revelar cuál es su juego más pronto que tarde. ¿Los indultos? Eso es una operación de márquetin que presenta como una iniciativa política propia cuando Europa ya le ha comunicado que la actual situación de los presos no puede alargarse más. Eso mientras espera que Bruselas desencalle de una vez por todas los 140.000 millones del fondo de recuperación europeo tras la pandemia de la Covid.

Solo hace falta ser un lector atento de los últimos pronunciamientos políticos y judiciales sobre presos y exiliados en Europa —desde el Tribunal General de la Unión Europea hasta el Consejo de Europa— para concluir que todo el andamiaje del Tribunal Supremo tiene aluminosis. Ya le sucedió algo similar a Zapatero en 2010, siendo presidente del Gobierno, cuando Europa lo forzó a un recorte histórico del gasto social para cumplir con el objetivo de déficit. Un recorte que, en la práctica, le costaría las elecciones.

Unos indultos en los que el Gobierno deberá escuchar al Supremo, y que ya ha filtrado que serán limitados y reversibles. O sea que no serán lo que la propia palabra indulto quiere decir sino que, igual que Alfonso Guerra cepilló en su día el Estatut, con los indultos acabará sucediendo algo similar. Porque cuando miras de reojo lo que dicen las derechas, quieres desplazar a Susana Díaz de Andalucía para colocar a tu candidato, Juan Espadas; tienes un lío importante con Marruecos en el que te puedes jugar incluso el estatus de Ceuta y Melilla y algunas otras cosas, la solución a la carpeta catalana acaba padeciendo siempre.

No hay que ser muy listo para prever que Sánchez querrá colocar los indultos como un acto del incipiente diálogo cuando es tan solo una reparación tardía de la injusticia cometida. Habrá que explicarle que, con unas 3.000 personas pendientes de diferentes casos judiciales, la solución individual a nueve personas no se acerca ni tan siquiera a la superfície del problema. Porque Catalunya corre el riesgo de que lo que tiene que ser una mesa de negociación para encontrar una solución al contencioso entre Catalunya y España, acabe pareciéndose a una comisión mixta de traspasos o el preludio de lo que tiene que ser la nueva negociación para la financiación autonómica.

No será suficiente con que la parte catalana reclame la amnistía y el derecho a la autodeterminación, como ya ha dicho que hará. Es imprescindible que los temas que formen parte de la agenda se ciñan estrictamente a la búsqueda de una solución. El 52% de los votos y la mayoría parlamentaria independentista acotan el terreno de juego por más que el Gobierno tenga un sueño: volver a una interlocución como aquellas de Jordi Pujol, Pasqual Maragall o José Montilla con Felipe González, José María Aznar y José Luís Rordríguez Zapatero. Pasando página a las reivindicaciones catalanas desde 2012.