De siempre hemos sabido, porque hay pruebas y datos suficientes, que Ada Colau obtuvo la alcaldía de Barcelona en 2015 en unas condiciones cuando menos sospechosas. Solo la actuación planificada de las cloacas del Estado para inventarse una falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza, apartó al entonces dirigente de Convergència de una victoria que tenía segura. La campaña electoral de las municipales versó sobre esa cuenta inventada que, convenientemente alimentada por todos los que no querían que la capital de Catalunya siguiera en manos independentistas, acabó convirtiéndose en el monotema, sin que sirviera de nada que la banca suiza UBS certificara que no disponía de ninguna cuenta así. El daño estaba más que hecho y a lomos de esta campaña de desprestigio de Trias se subió la desesperada candidata de los comunes que a la postre le acabaría reportando la alcaldía.

Las cloacas del Estado a través del diario El Mundo hicieron su trabajo y la policía patriótica logró su objetivo: Trias perdió la alcaldía por unos 15.000 votos. Cuando en junio de 2017 —más de dos años después— la Fiscalía Anticorrupción archivó la causa porque no había indicios que avalaran la existencia de dinero de Trias en el extranjero, el objetivo ya se había logrado y se acabó imponiendo un pelillos a la mar. El deep state había conseguido su principal objetivo y a nadie, excepto a los que habían descabalgado del poder de la plaça de Sant Jaume, le interesaba remover lo que había sido un burdo pero efectivo ataque contra la hegemónica Convergència. Era más importante haber salvado del independentismo la alcaldía que aclarar la actuación de las cloacas del Estado.

Es bueno recordar todo eso, primero para que no se olvide y segundo para entender más fácilmente lo que ahora hemos conocido de la actuación del CNI en 2019 a raíz de que haya explosionado sin control alguno el caso del CatalanGate, el mayor escándalo de espionaje conocido hasta la fecha, y del que los servicios de espionaje del Estado se han hecho responsables ya de 18 casos con nombres y apellidos. Pues bien, en las municipales de mayo de 2019 ahora hemos sabido que no fueron las cloacas como en 2015 sino el mismísimo CNI con autorización del Tribunal Supremo el que monotorizó las negociaciones para impedir que el ganador de las elecciones, Ernest Maragall, accediera al cargo. Para ello la justicia autorizó la intervención de un teléfono clave.

El resultado fue que entre el Upper Diagonal y Manuel Valls, su candidato traído directamente desde París, y el CNI, hicieron la pinza perfecta para que Colau continuara cuatro años más en el cargo. Ha dicho Ernest Maragall este domingo al conocerse el papel del CNI, que fue una operación de Estado, que fueron unas elecciones intervenidas y que Colau ha conservado la alcaldía con la ayuda de los servicions sectretos. Todo ello, a un año de las elecciones municipales, debería llevar a algo más que un cruce de declaraciones entre unos y otros, ya que no deja de ser un ejemplo más de la gravedad del CatalanGate y las enormes repercusiones de todo tipo que están apareciendo.

La ejemplar democracia española de la que tanto alardean sus máximos responsables está llena de lagunas y cada vez sabemos más cosas que lo que hace es apuntar en la dirección contraria. Ahora, con tanta mierda saliendo a la superficie, ¿cuál va a ser la posición de los comunes más allá de pedir a Maragall que retifique sus acusaciones?