Aunque las amenazas de la CUP no son lo que eran cuando acabaron forzando la dimisión de Artur Mas, en enero de 2016, y su evolución parlamentaria ha dejado primero a Junts y ahora a Esquerra suficientes márgenes para no sentirse presionados más de la cuenta, este verano la formación anticapitalista ha llevado a cabo diferentes declaraciones en las que expresa su incomodidad con lo que definen como una actitud tendente a estabilizar el Estado español por parte de Esquerra Republicana, con sus posiciones políticas en Madrid. A Junts también le da, en el caso de la ampliación del aeropuerto del Prat, por ejemplo, pero al tener la presidencia de la Generalitat Pere Aragonès, de Esquerra, hay que estar, en todo caso, mucho más atentos a lo que dicen de los republicanos.
"No queremos ser la muleta de este proceso de estabilización", ha declarado este sábado la diputada Laia Estrada, pero a lo largo del verano encontraríamos frases similares de otros dirigentes de la CUP. A unos diez días de la reanudación del curso político y la celebración de la primera Diada poscovid y que marcará el perfil del arranque de la temporada, dos van a ser los termómetros para poder evaluar qué piensan hacer los diputados de la CUP con el acuerdo de gobernabilidad que firmaron con ERC y que tiene una duración de dos años en la medida que se vaya cumpliendo su contenido social y de confrontación con el Estado.
Los tres elementos que permitirán tomar la temperatura a la solidez del acuerdo vendrán dados por la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2022, la evolución de la mesa de diálogo con el Estado español para abordar la amnistía, el referéndum y la autodeterminación y los posibles acuerdos para un frente común de los independentistas en las Cortes Españolas.
De todas maneras, lo más evaluable va a ser, por la urgencia del calendario, los presupuestos de la Generalitat que ya está trabajando la Conselleria d'Economia, y que deberían aprobarse en la Cámara catalana antes de final de año. Para ello es necesario que previamente se haga un trabajo de varios meses entre presentación, rechazo a las enmiendas a la totalidad, aprobación de las cuentas en comisión y, finalmente, su aprobación en el pleno. Un trabajo lo suficientemente laborioso y complejo en el que la CUP va a tener mucho que decir como primer socio del ejecutivo catalán.
El hecho de que el Govern renunciara -sobre todo porque por calendario no podía hacer otra cosa- a presentar a mediados de este año unos presupuestos express y dejara toda la carne en el asador para la negociación de los de 2022, confiere incluso mayor importancia a la negociación de este otoño. Los precedentes de los últimos años con la CUP demuestran que cuando se han sacado adelante los presupuestos ha sido después de una negociación muy difícil y en la que han estado, en muchas ocasiones, otros elementos decantadores de su apoyo. En los de 2017, por ejemplo, el compromiso del president Carles Puigdemont de celebrar el referéndum del 1 de octubre.
Aunque no es una opción factible hoy por hoy, la disposición del PSC a negociar las cuentas con el Govern independentista permitiría pensar en un plan B, aunque las relaciones entre las tres formaciones no permiten, por ahora, pasar del hecho de que este sea un mero escenario especulativo.