La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de desalojar la acampada de plaça Catalunya, después de 47 días de ocupación del espacio público, pone punto final a la invasión de uno de los espacios más emblemáticos y transitados de la capital catalana. Es evidente que lo que se inició como una protesta relacionada con la vivienda y su carestía se había convertido con el paso de las semanas en la toma unilateral de un bien común, que había levantado, desde hace ya mucho tiempo, la presión de comerciantes, vecinos y partidos de la oposición. El balance político de esta ocupación es difuso, incluso para los que lo promovieron, y la acampada había ido perdiendo su carácter inicial de movilización política y se había convertido también en un asentamiento de personas sin hogar y hasta el Sindicat de Llogateres se había desvinculado de la acampada. El balance final, según el ayuntamiento, es que 295 personas estaban en la acampada; 465 efectivos participaron en el dispositivo, incluidos policías y bomberos; se retiraron 150 tiendas de campaña, se recogieron un total de 45 toneladas de materiales y residuos y se produjeron tres detenciones por órdenes judiciales que estaban pendientes.
El momento escogido para el desalojo tiene mucho que ver, seguramente, con la necesidad de recuperar la plaza para las actividades navideñas y la instalación de la iluminación. A 16 de noviembre se estaba ya rozando la fecha límite, y supongo que el ayuntamiento no tardará en anunciar que la plaça Catalunya también participará de la iluminación navideña de la ciudad. Curiosamente, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana, socios muchas veces del PSC tanto en Catalunya como en Barcelona, han criticado el desalojo y reclamado soluciones para las personas vulnerables. En cambio, posiciones más alejadas como Junts o el PP reclamaban poner fin a la ocupación. La situación de Jaume Collboni, que gobierna sin alianzas Barcelona, no era fácil, ya que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, ya había acabado con la acampada en la Puerta del Sol el pasado 3 de noviembre. Ahora puede defender que ha respetado el derecho de protesta durante casi siete semanas, pero también es legítimo preguntarse por qué ha tardado tanto en actuar si las razones de seguridad, convivencia y recuperación del espacio público ya existían.
Una cosa es respetar el derecho de manifestación y otra permitir que una protesta se transforme en una ocupación permanente del espacio público
La paradoja es que la protesta pretendía denunciar el problema de la vivienda en Barcelona, pero su prolongación ha acabado desplazando el debate hacia la ocupación del espacio público. Una cosa es respetar el derecho de manifestación y otra permitir que una protesta se transforme en una ocupación permanente del espacio público. El derecho a protestar no implica un derecho ilimitado a instalarse durante semanas en una plaza. Hay otros dos aspectos que vale la pena comentar ahora que los concentrados ya no están en la plaça Catalunya. En primer lugar, el agravio comparativo. ¿Se habría tolerado durante tanto tiempo una ocupación semejante promovida por otros colectivos? En segundo lugar, el precedente. Una actuación tan tardía puede transmitir la idea de que ocupar un espacio público durante semanas no tiene consecuencias inmediatas. Y hay una última cuestión que no deja de ser un contrasentido: después de mes y medio de ocupación, el Ayuntamiento ha acabado recuperando la plaza sin haber resuelto el problema de la vivienda que originó la protesta. Es decir, ha soportado el coste político de la ocupación y ahora también el del desalojo.
¿Puede volver a reproducirse la acampada? No es imposible, pero es difícil que el Ayuntamiento permita otra ocupación prolongada del centro después del dispositivo de esta madrugada del lunes. Pero una parte de los desalojados se ha instalado en el espigón del Gas, en la Barceloneta, y quieren mantener la movilización y no descartan volver al centro de Barcelona. También varios centenares de personas se han manifestado esta tarde en la plaza de Sant Jaume contra el desalojo y seis activistas han anunciado que iniciarán una huelga de hambre en la plaza de Sant Jaume para exigir una mesa de diálogo sobre la vivienda con el Ayuntamiento y la Generalitat. Hay que tener en cuenta algunos datos sobre los que muchas veces se pretende pasar de puntillas: en Barcelona, unas 2.000 personas duermen diariamente en las calles; más del doble se encuentran en centros de servicios sociales y con recursos de alojamiento para personas sin hogar. Y ello tiene un coste para el consistorio barcelonés significativo de alrededor de 52.000.000 de euros, el equivalente aproximado a un millón de euros por semana.
