Un total de 5.000 euros o lo que es lo mismo, un 10% del valor del coche nuevo más los costes judiciales por "incumplimiento de la buena fe contractual." Esta es la sentencia que un juzgado de Valladolid ha emitido contra el grupo alemán Volkswagen (VW) por el caso de los coches diésel trucados. El conocido Dieselgate. Pero esta no es una demanda cualquiera sino tal y como ha asegurado al abogado de Lleida y portavoz de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF), Antoni Cudós, "es una sentencia pionera en España y casi en Europa, porque me parece que hay alguna condena contra Volkswagen, pero pocas, en Alemania." No es la primera que se presenta pero sí la primera que se gana en España.

Más concretamente, el demandante es un vecino de Valladolid. Inicialmente, pidió que se le sustituyera el Audi Q5 Quattro que compró en mayo de 2013 por más de 50.000 euros y que resultó estar trucado. El Dieselgate asediaba de nuevo con un software fraudulento que emitía menos emisiones contaminantes en el banco de pruebas que en condiciones de tráfico real. Un trucaje que permitió a los coches de Volkswagen, Seat y Nissan pasar la normativa europea de homologación. El grupo alemán ya admitió a medias la realidad de esta "incidencia". Y es que a pesar de asumir haber trucado los coches, Volkswagen ha reiterado que en condiciones de conducción reales sus emisión pueden llegar a ser inferiores a las de los coches sin manipular. Y en cualquier caso, las modificaciones del software no afectan a las prestaciones del coche.

Y más allá del marketing del Dieselgate ya sea en comparación con sus propios vehículos o los de otras marcas, Volkswagen también ha alegado que el nivel de emisiones contaminantes y su homologación no son factores decisivos a la hora de comprar uno de sus coches. Y por si a caso eso asustara a algún potencial comprador o hiciera arrepentirse a alguno de sus clientes, la multinacional también ha querido dejar claro que la incidencia está siendo solucionada sin ningún tipo de coste para los afectados. Por todo ello, Volkswagen ha considerado "desproporcionada y antieconómica" la demanda del vecino de Valladolid que pretendía que se le cambiara el coche por uno nuevo.

"Ningún incumplimiento esencial"

Entre dos aguas removidas, el juez ha revisado las pruebas presentadas por el caso y ha dictaminado la siguiente sentencia: "ni el actor ni el resto de afectados han sufrido ningún tipo de restricción en el uso del coche, de manera que desde un punto de vista contractual el objeto vendido sirve al fin esencial para el cual se adquirió, de manera que no se puede apreciar ningún incumplimiento esencial". Es decir, el Dieselgate no afecta directamente a la conducción del vecino de Valladolid o cualquiera otro comprador.

Todavía más, el juez ha añadido que la instalación de un software que se burla el control de emisiones exigidas para poder pasar la homologación europea "infringe los deberes de buena fe y afecta a la confianza del consumidor." A la confianza sí pero a la conducción no. Más concretamente, "infringe la buena fe por la naturaleza del acto, que implica un engaño a las autoridades de control y al público en general, dado que no parece razonable que una marca del prestigio de Volkswagen considere aceptable llevar a término tales prácticas engañosas".

¿Qué y qué no puede conseguir el demandante?

En definitiva, el juez considera que la marca alemana ha incurrido en un incumplimiento de la prestación de forma parcial. ¿Y cuáles son las consecuencias? El comprador demandante no tiene derecho a la sustitución del coche pero sí a una indemnización ya que Volkswagen no ha hecho sus deberes de buena fe y ha perdido la confianza del consumidor. "Se trata de una actuación en masa, que afecta a una generalidad de consumidores, que implica un engaño a las autoridades de control, que comporta la infracción de las normas básicas de regulación del sector y con incidencia en un bien público como es el medio ambiente", ha asegurado el juez.

La APDEF ha presentado cuatro demandas civiles más contra Volkswagen y tiene 200 más en la despensa. También tiene una querella criminal colectiva contra la marca alemana ante la Audiencia Nacional por el mismo Dieselgate. La sentencia es recurrible pero no establece jurisprudencia. Y en cualquier caso, es una sentencia pionera que destapa una infracción contra la buena fe y la confianza.