Al Gobierno español se le acaba el tiempo. El Ejecutivo del PSOE tendría que decidir este viernes, durante el polémico Consejo de Ministros se celebrará en la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona, si amplía la concesión de la plataforma petrolera Casablanca de Tarragona, como le pien sectores empresariales, la Cambra de Comerç y las cofradías de pescadores, entre otros. En caso de que no haya prórroga, la planta tendrá que parar máquinas y cerrar el día 27 de diciembre, dejando a más de 120 personas sin trabajo y una pérdida de riqueza considerable en el territorio, y es por este motivo que el sector económico tarraconense se ha movilizado en la últimas semanas y urge la renovación de la concesión lo más pronto posible.
La plataforma Casablanca, situada en la costa tarraconense, es propiedad de Repsol y es la única plataforma petrolera de España. Produce actualmente unos 2.000 barriles de petróleo al día, lo que equivaldría -a precios actuales de 60 dólares por barril- a unos 110.000 euros de riqueza diaria. Es, pues, la única producción propia de petróleo que tiene el Estado, cosa que rebaja el número de barriles importados y permite equilibrar en cierta medida la balanza comercial.
De hecho, la concesión de producción de hidrocarburos fue otorgada en diciembre de 1979 por un periodo de 30 años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de 10 años cada una. Ahora, la instalación acaba con la primera prórroga y queda a la espera de lo que decida el Consejo de Ministros, que en caso que aprobara la segunda prórroga, sería la última que podría conceder por ley.
Así pues, todo está en manos de la política, cosa que preocupa a la compañía petrolera, ya que en caso de que no se prorrogue la concesión este mismo viernes, Repsol tendrá que parar máquinas el día 27 de diciembre a las 23:59. En caso de que se aprobara la concesión más tarde, el hecho de parar y volver a poner en funcionamiento la plataforma es una cuestión de "gran dificultad", según aseguran fuentes de la compañía a El Nacional. Las fuentes explican que el problema de la concesión de la prórroga es "el silencio administrativo", ya que, según dicen, hace más de un año que se tendría que haber decidido.
Implicaciones en el territorio
La plataforma Casablanca genera actividad empresarial y contratos de servicios principalmente en las comarcas de Tarragona por un valor aproximado de 16 millones de euros el año. De estos, hasta 7 millones corresponderían a la contratación de empresas y servicios dentro de las comarcas tarraconenses, como compra de combustible, servicios logísticos, servicios de aduanas, etcétera.
Al mismo tiempo, desde Repsol aseguran que no seguir trabajando durante 10 años más implicaría una pérdida de inversiones totales en el periodo de cerca de 150 millones de euros. Además, la plataforma da trabajo hasta 120 personas, con empleos altamente cualificados y bien remunerados, que se quedarían en la calle en caso que se tuviera que parar máquinas. En este sentido, los sindicatos UGT y CCOO ya están llevando a cabo acciones para reivindicar la importancia de que la plataforma siga funcionando.
Además, el empresariado del territorio considera que la plataforma es una oportunidad para la actividad económica de las comarcas tarraconenses, y aseguran que "siempre hemos tenido una muy buena relación con Repsol". El secretario de la Federación Catalana de la Confraría de Pesca, Mario Vizcarro, asegura que "la gestión de Repsol es muy positiva para el sector pesquero" ya que "no sólo dinamiza la economía de la zona", sino que tiene "muchas otras ventajas" para los pescadores.
"Nos aporta seguridad", explica Vizcarro, "ya que la plataforma tiene una antena que repite señal móvil, cosa que permite que podamos comunicarnos por teléfono cuándo estamos en alta mar, por ejemplo". Además, Vizcarro explica que en los alrededores de la plataforma se ha formado un reservorio de peces, "un arrecife fantástico que a nosotros nos va muy bien porque vivimos de las capturas". Y es que el sector pesquero ha sido uno de los grandes beneficiarios de la plataforma, y aseguran que "sería una lástima que se tuviera que cerrar".
El empresariado de la zona, a favor de la prórroga
No sólo los pescadores quieren la continuidad de la plataforma Casablanca de Repsol. De hecho, desde la Cámara de Comercio de Tortosa denuncian este "silencio administrativo" que retrasa la decisión de la prórroga, y consideran "muy perjudicial para nuestro territorio que una empresa tenga que abandonar o paralizar su actividad por unas dilaciones o por la ausencia de una resolución administrativa, hasta el extremo de dificultar o impedir su actividad empresarial".
Así pues, desde la Cámara de Tortosa urgen al gobierno español a "tomar el acuerdo de prorrogar la actividad a una empresa que cumple escrupulosamente todos los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad extractora plenamente ajustada a la normativa vigente". Además, desde la Cámara denuncian el hecho de que "es incomprensible que por la ausencia o retraso al dictar una resolución administrativa se paralice la actividad de una explotación petrolera, generando un grave perjuicio económico y dejando las inversiones productivas totalmente inoperantes".
Y es que detener la actividad de Casablanca tendría también otras afectaciones en el territorio. Por una parte, supondría un descenso de la actividad de varias infraestructuras de la zona, como el aeropuerto de Reus o el puerto de Sant Carles de la Ràpita, que es la base de todos los barcos de apoyo a la actividad de la plataforma. Con todo, la decisión está en manos del gobierno de Sánchez y se tendría que decidir en este Consejo de Ministros, aunque las fuentes consultadas por este diario aseguran que no saben ni si este asunto forma parte del orden del día del 21-D.