El economista Santiago Niño Becerra ha manifestado que la solución para el problema de la vivienda es que haya vivienda pública de alquiler, y ha lamentado que los diferentes gobiernos españoles no hayan seguido a la práctica esta política. "La única vía para disponer de vivienda con alquileres asequibles es que haya oferta de vivienda pública de alquiler. No hay ninguna otra manera. Y en España no se ha ido por ahí", ha insistido. Niño Becerra ha relacionado un videorreportaje de ElNacional, que explica el problema que existe en esta materia. El Gobierno español anunció la semana pasada la aprobación de un nuevo proyecto de ley para el Derecho a la Vivienda. Desde el ejecutivo han sacado pecho y aseguran que es la primera ley de la historia que garantizará un hogar digno para todo el mundo, "un hito histórico para la democracia".  Los puntos más destacados de este proyecto son la regulación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, el aumento del IBI a quién tenga pisos vacíos, el aumento del número de viviendas protegidas en un 30% y más facilidades de acceso y la aplicación de rebajas fiscales a los propietarios que bajen los precios. Pero todo quedará pendiente del consenso político y de la letra pequeña para que se pueda aplicar.

Esta ley, de momento, sólo ha pasado por el Consejo de Ministros y lo ha hecho con un dictamen en contra del Consejo General del Poder Judicial por "intervencionista". Ahora, empezará el debate entre partidos y tendrá que ser aprobada por una mayoría en el Congreso. La ley se someterá al trámite parlamentario por la vía de urgencia para cumplir cuanto antes mejor uno de los hitos del Plan de Recuperación. Como ya hemos visto en los últimos episodios del hemiciclo madrileño, el consenso no será fácil, ya que buena parte de la oposición considera que va en contra de los propietarios. En caso de ser aprobada, además, los partidos podrían frenarla con un recurso al Constitucional, una posibilidad que cada vez toma más fuerza.

 

La gran crítica es que el gobierno español tomará demasiado control en materia de vivienda y limitará las competencias que tienen ahora las comunidades. Según su opinión, la nueva ley dejaría las comunidades y la gestión municipal en una figura de simples técnicos de su tramitación y eso supone una clara "expropiación de las competencias". En este sentido, también alertan de que regular la vivienda corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias de acuerdo con la orientación política mayoritaria que hay y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en esta materia.

La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos, prevé la limitación de rentas para las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Fuentes del Ministerio han indicado que mientras este índice no esté listo, no se podrá aplicar en los grandes horquillas, sobre las que, no obstante, sí recaerán medidas generales como la referencia a contratos anteriores.