La obra pública licitada por el Estado en Catalunya ha sido sólo de 19 millones de euros durante el primer trimestre del 2017, un 69% menos que en el mismo periodo del año anterior y un 79% menos que la media trimestral de los últimos tres años. 

A pesar de ello, la licitación total de obras públicas en Catalunya -entre las tres administraciones- ha aumentado un 57% en este primer trimestre del año hasta llegar a los 289 millones de euros. Aún así, la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) ha querido matizar que la cantidad total licitada durante los primeros tres meses del 2016 fue “anormalmente baja” en relación a la media trimestral de los tres últimos años que es de 336 millones.

Si se desglosa la cifra total por administraciones, las licitaciones de la Administración General del Estado en Catalunya han sido las más bajas de todas. En cuanto a las licitaciones de la Generalitat, son de 91 millones, un 156% más que el mismo trimestre del año anterior y un 2% más que la media de los últimos tres años, de 89 millones. El nivel administrativo más activo, con más la mitad del total licitado en Catalunya, es el de la Administración Local con 179 millones de euros, un 103% más que el mismo periodo del 2016 y un 14% más que la media trimestral de los últimos tres años que es de 157 millones.

Las administraciones que desperdician la obra pública

Desde el CCOC se considera que las administraciones "no están aprovechando el alto retorno económico y social" que genera la obra pública, "gracias a sus efectos multiplicativos económicos y fiscales y al gran número de puestos de trabajo que genera". También alertan de que "con estos niveles tan bajos de actividad" es "muy difícil" que las empresas especializadas en obra pública puedan hacer "una aportación más positiva al empleo". Además, subrayan que "se corre el peligro de que, por falta de proyectos, las empresas supervivientes de la larga crisis iniciada en el 2008 sufran una pérdida del conocimiento acumulado".

La patronal de los contratistas estima que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que "necesita" Catalunya, indexada según el PIB, tendría que ser de entre 4.750 y 5.000 millones anuales (del 2 al 2,2% del PIB), una estimación "muy conservadora" si se tiene en cuenta que la inversión pública media de los 28 países de la UE en el periodo 2002-2015 ha sido del 3,2% del PIB.