El Gobierno se quiere igualar a Europa en materia fiscal, pero no será inmediato. Según ha asegurado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la subida fiscal que ha venido anunciando las últimas semanas el Ejecutivo español podría llegar más tarde de 2023, ya que está sujeto a la recuperación económica de la Covid y al informe de un grupo de expertos en materia fiscal. Ahora bien ha dejado claro que el plan de recuperación tiene que servir para que España llegue a los niveles de recaudación de los países de la UE.

Además, Montero también ha abierto la puerta a suprimir los tipos reducidos y superreducidos del IVA si tanto la UE como el grupo de expertos así lo reclaman, pero ha asegurado que el gobierno es más partidario de impuestos indirectos, como el IVA, que de impuestos directos. Al mismo tiempo, ha recordado que la UE, el Banco de España y el AIReF ya han avisado, en reiteradas ocasiones, en España que hace un uso abusivo de estos tipos del IVA.

Reducción del 'gap' con la UE

Al fin y al cabo, según ha justificado Montero, es para equiparar la recaudación del Gobierno con respecto al PIB con la de sus socios comunitarios, concretamente ha asegurado que "el resto recaudan más que nosotros y estamos lejos de países como Alemania y Francia", esta diferencia, ha apuntado a la ministra es de 7,7 puntos, ya que los países europeos recaudan un 45,6% de su PIB y Espanya solo un 38,4%.

Por lo tanto la nueva revolución fiscal que prepara al Ejecutivo de Pedro Sánchez es "acercarnos a Europa". En este punto ha aprovechado para criticar el ruido de los partidos conservadores que aseguran que España es un "infierno fiscal" cuando los otros países europeos recaudan mucho más que España.

El cierre de esta brecha, según ha asegurado la ministra, se hará "de manera natural", y ha insistido en que "parece coherente, ético, que cuando se solicita en otros países que soportan mayor presión fiscal que se endeuden" para aportar fondos a España, se responda incrementando la recaudación con respecto al PIB.

Ya hay cambios implementados

La futura reforma fiscal analizará las propuestas del comité de expertos, que presentará su informe en febrero de 2022, aunque el Gobierno decidirá tanto las medidas que incorpora como la fecha de implementación. Así, Montero ha señalado que los cambios comprometidos con Bruselas en materia de IRPF o impuesto de patrimonio son los ya implementados en 2021.

Ahora bien, a pesar de estos cambios en el IRPF, Montero ha asegurado que "en ningún caso subiremos impuestos a la clase media ni trabajadora", ha insistido, y "si podemos aliviaremos su carga fiscal", que es proporcionalmente mayor en la de otros grupos ha sentenciado.

Otro de los cambios de la fiscalidad planteados por la ministra han estado en materia medioambiental, que pasarán por nuevos impuestos sobre los residuos o los plásticos de un solo uso o la revisión de bonificaciones, entre ellas la diferente tributación de la gasolina y el diésel, aunque Montero ha asegurado no hay un compromiso de equiparar los dos combustibles.

Montero también ha puesto el foco en la evaluación de los diferentes beneficios fiscales que, ha insistido, no supone su supresión, sino una revisión de si cumplen sus objetivos, al mismo tiempo que ha apuntado que no hay ninguna decisión tomada con respecto a los tipos reducidos de IVA.

La ministra también ha detallado el componente dedicado a reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que prevé la entrada en vigor de la nueva ley en el segundo trimestre de este año o conseguir los 27.000 efectivos en la Agencia Tributaria, entre otras cuestiones.