El Govern apuesta definitivamente por facilitar la actividad empresarial y reducir la burocracia a Catalunya. Concretamente, el ejecutivo catalán ha aprobado este martes el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica, que aunque parezca una cosa muy enrevesada se reduce al agilizar los trámites administrativos necesarios para las empresas con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero. Además, la nueva norma también establece una serie de criterios que se seguirán desde Catalunya para seleccionar aquellos proyectos considerados estratégicos por el país en los cuales también se les reducirían los trámites al máximo para ser más competitivos a la hora de captar grandes inversiones, sean nacionales o internacionales, centradas sobre todo en el ámbito industrial, según ha anunciado el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. El nuevo decreto, ha asegurado Torrent, beneficiará en unas 564.000 empresas y 362.000 autónomos catalanes e instaurará la aplicación total del contacto telemático con las administraciones, la aportación una sola vez de los datos necesarios para completar los trámites y la priorización, siempre que se pueda, de la comunicación por encima de la licencia. Esta simplificación de los trámites, además de ahorrar grandes cantidades de tiempo, también generará un ahorro de 44,4 millones de euros y entrará en vigor de manera efectiva dentro de 20 días, es decir el próximo 25 de julio.

Durante su intervención, el conseller Torrent, ha afirmado que el objetivo principal del Govern con este nuevo decreto es doble. En primer lugar, que lleguen nuevos proyectos a Catalunya que puedan aportar mucho valor añadido en el territorio tanto a escala económica como ambiental y social y, en segundo lugar, que el tejido empresarial catalán gane musculatura y se creen sinergias entre empresas. Estos dos objetivos, ha explicado Torrent, al final persiguen la potenciación de varios sectores estratégicos para Catalunya para cambiar el modelo productivo catalán, haciéndolo por digital y sostenible. Si todo sale como tiene que salir, la consecuencia final será que Catalunya ganará en competitividad y se generarán nuevas actividades tractoras en el país que acabarán con la reindustrialización del país y en la creación de nuevos puestos de trabajo cualificados, ha asegurado al conseller.

Uno de los factores más relevantes del nuevo decreto, más allá del ahorro que generará en el tejido empresarial catalán, es la estandarización de la figura de los "proyectos estratégicos". Aquellos proyectos que sean considerados como tal podrán beneficiarse de una agilización de trámites sin precedentes para acelerar su implantación. Ahora bien, para escoger este tipo de proyectos, el Govern, ha determinado que tendrán que ser de carácter industrial o de servicios en la producción, con capacidad tractora para el país, con el fin de fomentar la transformación del modelo productivo catalán. En concreto, el objetivo es limitar al máximo el tiempo de cada trámite administrativo, cosa que implicará que este tipo de iniciativas clave para el país puedan reducir hasta 9 meses el plazo ordinario para su implantación y ahorrarse hasta 390.000 euros por proyecto.

Además, la nueva norma del Govern también dictamina e impone los requisitos mínimos a fin de que un proyecto empresarial sea considerado estratégico. Estos son estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y asegurar la financiación o la capitalización de la inversión presentada, hecho completamente lógico, que se verá complementado con una serie de criterios específicos válidos durante un periodo máximo de cuatro años que se aprobará también vía Acord de Govern. Como ya hemos dicho, hoy por hoy, el Govern priorizará proyectos industriales y de servicios en la producción que, en primer lugar, supongan una inversión mínima de 20 millones de euros o 10 millones en el caso de Tierras del Ebro, Comarcas de Lleida, Alto Pirineo y Arán, y la Veguería del Penedès. En segundo lugar, estos proyectos también tendrán que generar un mínimo de 75 puestos de trabajo directos, durante un mínimo de 3 años a contar desde el momento con que se inicia la actividad del proyecto en cuestión. En tercer lugar, el Govern también impone que una vez materializado el proyecto las empresas tendrán que generar un 40% de las compras, servicios y suministros a proveedores con sede productiva en Catalunya, ahora bien, dentro de esta norma quedan excluidos la electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. Por último, estos proyectos tendrán que incorporar una actuación en el ámbito de las energías renovables para el autoconsumo de la misma actividad productiva o bien una actuación en el ámbito de la circularidad de la economía y la sostenibilidad medioambiental.

Ventanilla única empresarial

Más allá de los proyectos estratégicos que escogerá el Govern de acuerdo con esta nueva normativa, el decreto presentado por Torrent también fija el espíritu simplificador de la ley sobre todo por el cual hace al acto de facilitar datos para realizar trámites o consultarlas/acceder a ellas, es decir se centra en la reducción de la burocracia. En primer lugar, lo que hace el decreto es consolidar el papel de la Ventanilla Única Empresarial como portal único al cual los profesionales y las empresas tienen que dirigirse para relacionarse con las administraciones. Y, por otra parte, fija la creación del directorio de empresas, establecimientos y registros, herramienta que concentrará toda la información que las administraciones tienen sobre los titulares de las actividades económicas y los establecimientos donde se desarrollan. Todo permitirá ofrecer al titular de las empresas una única plataforma para consultar todos los datos y, a la vez, mediante el mecanismo de la tramitación unificada se evitará que las empresas y autónomos tengan que volver a presentar las que ya tienen las diferentes administraciones, ahorran tiempo y dinero.

El decreto también contempla la prestación de servicios proactivos por parte de las administraciones públicas, que evitará tener que pedir renovaciones o repetir trámites y consultas. Es decir, desde la administración se advertirá previamente de los trámites requeridos, y se informará de posibles líneas de ayudas. Además, siempre que sea posible, se sustituirán los trámites de autorización por los de comunicación, eliminando así esperas y cargas burocráticas de procedimientos que no comportan modificaciones sustanciales.