El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders", y que da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten a esta nueva norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han asegurado que se trata de un "importantísimo avance que se producirá en los derechos laborales de los trabajadores que se dedican al reparto en las llamadas plataformas digitales".
Durante su intervención, Díaz también ha asegurado que esta nueva ley "cambia el signo de los tiempos" y que pone en España a la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, ya que incorpora cambios en el paradigma social porque busca proteger los más vulnerables y preservar los derechos de los trabajadores.
Díaz ha afirmado que la parte "más ambiciosa" de la norma es la que establece el derecho a conocer los algoritmos y se ponen "al servicio de la mayoría sociales". La ministra ha explicado que crearán un comité de expertos que estudie "en profundidad el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales".
¿Qué implica esta ley?
En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor a través de una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la cual establecía que los repartidores son trabajadores y no autónomos.
Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores tendrá que ser informada de las reglas que cierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las cuales se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas tendrán que informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los cuales se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
La aprobación de esta nueva norma era cuestión de tiempo desde que el pasado 10 de marzo el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerraron un acuerdo para la ley que fija la condición de asalariados de los repartidores autónomos que trabajan para plataformas digitales que prestan servicios de reparto o distribución de productos de consumo o mercancías.
Protesta 'rider' en Barcelona
Unos ochenta repartidores se han manifestado este martes en Barcelona contra la 'ley rider' coincidiendo con la aprobación de la normativa al consejo de ministros. Según los manifestantes, la normativa –que reconoce a los riders como asalariados y no autónomos- va "en contra" de sus intereses.
Repartidoras Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) defienden que quieren seguir siendo autónomos y también han convocado manifestaciones a Madrid, València, Alicante, las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Palma. Los repartidores se han concentrado ante la sede del sindicato CCOO, muchos de ellos con motos y bicicletas, y con sus bolsas de Glovo o Deliveroo.
Jordi Mateo García, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), ha explicado que el gobierno español, en la hora de elaborar la normativa, "no ha tenido en cuenta la opinión de los repartidores". Según él, la nueva ley los llevará a "la absoluta precariedad". En este sentido, ha pedido que se hagan cambios que permitan incorporar la opinión de los partidarios de seguir siendo autónomos.
Según Mateo, la aprobación de la 'ley rider' supondrá que el 75% de los repartidores actuales dejen el trabajo y que el 25% restante tengan "contratos temporales, pérdida de libertad laboral y reducción de ingresos". El representante de APRA ha dicho que si bien la Unión Europea exige "mayores protecciones" para los riders, en el Estado español "han hecho todo el contrario".