El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha cargado contra la nueva ley de la vivienda pactada entre el PSOE y Podemos reiterando que es necesaria "una política de vivienda seria y rigurosa" y ha advertido de las consecuencias negativas que tendrá para el mercado de viviendas de alquiler las medidas de la nueva ley de Vivienda que ayer anunció el Gobierno.
Además, Sánchez libro considera que la nueva ley "agravará la crisis del sector inmobiliario, intensivo en mano de obra y que afecta al resto de la economía". Y recuerda que una normativa similar en el Àrea Metropolitana de Barcelona ha tenido efectos nocivos para la actividad del sector y la oferta de viviendas protegidas.
Fijar precios de los alquileres
Con respecto a la modificación anunciada que fija límites al alquiler, desde Foment apuntan podría provocar efectos contraproducentes para el mercado, ya que podría provocar una reducción de la oferta de vivienda, perjudicar el acceso a esta, y lesionar el patrimonio y los intereses de los propietarios.
En este sentido, Sánchez Llibre lamenta la errática política sobre la vivienda que se acumula en España desde hace décadas, recordando que han sido diversas las leyes, que, en mayor o menor medida, han limitado las rentas de alquiler, y que ha provocado el efecto de reducir el parque de vivienda. "Las viejas recetas no han funcionado, más bien al contrario, han sido contraproducentes", se considera desde Foment del Treball.
Con el que sí que está a favor la patronal catalana es la política de incentivos para mejorar la disposición y acceso a la vivienda que anunció el presidente del Gobierno este martes sobre la subvención de 250 euros para el alquiler que favorece la emancipación de los jóvenes españoles.
La política de Colau llega al Estado
Para reforzar sus posicionamientos, Sánchez Llibre ha recordado que Foment ya criticó la modificación del Plan General Metropolità de Barcelona de 5 de diciembre de 2018, por el cual se instauraba la obligación, en su término territorial, de 30% de la vivienda de protección oficial en el suelo urbano consolidado, en las promociones de más de 600 m² de techo potencial. Esta modificación supuso la fuerte caída de la actividad y de la petición de licencias en el área metropolitana de Barcelona, cayendo tanto la vivienda de compraventa y nueva, ya que muchas de las cuales hay ahora en construcción, lo son con la normativa anterior.
El Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente muestra su escasa transparencia, porque se desconoce cuántas operaciones y viviendas se han dado con la nueva normativa. Según la información de los operadores del sector ha estado muy escasa. Esta es la propuesta de que ahora se eleva en el ámbito estatal, la cual empeorará la crisis del sector inmobiliario, intensivo en mano de obra, y de fuerte arrastre en otros sectores, más en un momento en el cual tenemos que salir de la crisis de la Covid-19 y cuando esta normativa en el área de Barcelona no ha tenido los efectos esperados, y sí sus importantes efectos secundarios, de reducción de la actividad y de escasas viviendas de protección oficial.