Doble golpe al déficit de Catalunya. Por una parte, las discrepancias entre la Intervención General del Estado (IGAE) y la oficina comunitaria de estadística europea Eurostat han comportado que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro haya pedido a la Generalitat un ajuste adicional de 1.318 millones de euros a menos de dos meses para acabar el año. El ministerio pretende ahora que el Departament d'Economia presente un nuevo plan de medidas presupuestarias (reducir gastos o aumentar ingresos) antes de este domingo 15 de noviembre.
La falta de entendimiento entre la IGAE y Eurostat proviene de la decisión del organismo europeo de incorporar la deuda asociada a inversiones ejecutadas vía colaboraciones público-privadas a la contabilización de la deuda pública de este año. La IGAE acató esa decisión, pero se justificó en que no tenía conocimiento de los gastos afectados, que ahora endosa a la Generalitat. Se trata de carreteras y centros penitenciarios efectuados con contratos público-privados y ejecutados antes del 2011, de los que Hacienda había recibido información, según la Generalitat, que envía anualmente sus cuentas al Estado desde el 2007.
Este nuevo tropiezo del déficit catalán se añade al retraso en el pago de 2.600 millones de euros que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tenía que traspasar a la Generalitat el pasado enero para poder financiar el déficit del 2014. En mayo, la conselleria ya denunció que este retraso supone “graves tensiones” en la tesorería catalana. Es el segundo golpe.
Aviso por carta
El origen de la reyerta es una carta que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió el viernes pasado al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. Beteta le pedía la mencionada "actualización" del Plan Económico-Financiero de Cataluña para antes del 15 de noviembre. La actualización corresponde, según un comunicado del Ministerio, a “un aumento de gasto y endeudamiento” que pertenece a los mencionados contratos público-privados, que Hacienda dice desconocer.“No estamos en condiciones de hacer un gasto extra de 1.318 millones de euros”, dicen desde el Departamento de Economía a El Nacional. Esta será, probablemente, la respuesta que dará Mas-Colell a Hacienda. Lo que queda claro, sin embargo, es que o bien Eurostat ya conocía este gasto “desde hace tiempo”, o si no la conocía es porque la IGAE no había informado a Bruselas, alegan fuentes del departamento. “Si el Ministerio no lo ha comunicado a Eurostat no es responsabilidad nuestra”.
El retraso del FLA
Cada año, la Generalitat estima los recursos que pedirá al FLA de acuerdo con los criterios de este organismo. “Es una simple resta que no tiene más misterio”, exponen fuentes del departamento. Los 2.600 millones que espera la conselleria, correspondientes al exceso de déficit acumulado en 2014 por Catalunya, ya fueron aceptados por los técnicos del Ministerio y su pago autorizado.Ante esta situación, todos hablan de la feria según les va en ella. Hacienda comunicó el pasado 5 de noviembre a la Generalitat que los pagos del FLA se ejecutan a tiempo cada mes. La Generalitat, en cambio, dice que falta reunir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno español para que lo active.
De momento, según fuentes de la conselleria, Catalunya sólo recibió en abril una parte del fondo del año 2013 y aseguran que el de 2014 no se ha financiado aún. El Ministerio, en un comunicado, garantiza que los pagos mensuales del FLA corresponden al déficit del 2015.
La queja
La Generalitat “no puede disponer libremente” del dinero del FLA, porque es el Ministerio quien efectúa directamente la transferencia directa a los proveedores. Este dinero no se ingresa, en ningún caso, en la tesorería de la conselleria. Por eso Economia considera que Catalunya “no es la prioridad” del Estado.Para más inri, el modelo de financiación autonómica está pendiente de revisión desde 2014 y la política financiera del Estado se basa en unos objetivos de déficit que la conselleria juzga “draconianos” para Catalunya. Estas transferencias presupuestarias son “insuficientes” para cubrir el gasto en servicios públicos esenciales y son “muy inferiores a la capacidad fiscal” del país, añaden.