El Cercle d'Economia ha abierto el segundo día de su reunión anual con un plato fuerte, al jefe de la oposición al Congreso y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que con un tono amable y aparentemente conciliador, ha propuesto un nuevo plan de choque para "reducir la parálisis y el enfrentamiento" en Catalunya, pero por el contrario ha reiterado su negativa a conceder los indultos a los presos políticos porque generarán "frustración".

Casado ha dado así el pistoletazo de salida a una charla titulada Los retos de la economía española, en una sesión presidida por el vicepresidente del Cercle, Jordi Gual. Casado ha insistido, tal como ha defendido durante los últimos meses, en su negativa a los indultos recordando que los presos no han mostrado ningún tipo de "arrepentimiento", que el tribunal sentenciador, el Supremo, ya se ha pronunciado en contra de esta medida y que la Fiscalía también se ha mostrado en contra en varias ocasiones. En definitiva, Casado ha considerado que los indultos generarán "frustración".

 

En este sentido, el líder del PP ha enfatizado que el problema de Catalunya en el ámbito político es de "cumplimiento de la ley" y no de falta o no de democracia. Al mismo tiempo, ha sentenciado que no quiere que se hable de "justicia como venganza" ni, entre otros, de una sentencia, la del Supremo contra los presos políticos, como un "castigo".

Es por eso que él mismo ha propuesto una "alternativa para el futuro de Catalunya" para "ocuparse de los problemas reales de los catalanes". Por eso ha pedido trabajar en una misma dirección para hacer prosperar Catalunya y que las empresas que se marcharon en el 2017, algo que promovió el gobierno de Mariano Rajoy, vuelvan "estén donde estén". Al mismo tiempo, Casado ha considerado que la convivencia tiene que venir del diálogo entre todos, ya que "es una cuestión de ir a favor de todos los catalanes".

Plan de choque para 'salvar' Catalunya

Dentro de este plan de diálogo, Casado ha puesto sobre la mesa un gran "plan de choque para reducir la parálisis y el enfrentamiento" en Catalunya. En definitiva, ha hecho como tantos otros, proponer un plan para salvar Catalunya. Este plan iría encabezado por varias reformas, empezando por una nueva financiación autonómica, hecho que también reclama el Gobierno, recordando que fue el PP el último partido que estableció el último plan que contó con un gran consenso parlamentario en el Congreso el año 2003, con Aznar de presidente.

Acompañando esta nueva financiación, también ha propuesto una reforma fiscal exclusiva para Catalunya con el fin de hacerla más competitiva. Esta reforma, eso sí, provocaría la eliminación de 15 impuestos de la Generalitat. Al mismo tiempo, a nivel estatal, también ha pedido la eliminación de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Además, Casado ha considerado que este plan tiene que "reducir la carga para contratar con respecto a las cotizaciones", y tiene que permitir "reducir la burocracia". También hace falta "eliminar barreras fiscales, administrativas y burocráticas" e incluir una "ley de unidad de mercado", además de impulsar la "mochila austríaca" y luchar contra el desempleo juvenil. Ha afirmado también que hace falta "una formación de calidad" que permita la "libre elección del sistema educativo donde no tenga cabida el adoctrinamiento".

Con respecto a las infraestructuras, Casado ha mostrado claramente su posicionamiento a favor de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, reclamando un consenso entre las administraciones con el fin de hacerla posible, ya que considera que no solo dinamizará el turismo en Catalunya, sino que también incentivará la inversión extranjera en Catalunya. Aquí no se acabarían estas nuevas inversiones en Catalunya, la seguirían el corredor mediterráneo y la finalización de las inversiones en Rodalies que ya están iniciadas, como la estación de la Sagrera, que estuvo parada durante los años que su partido estuvo gobernando España.

​En definitiva, Casado ha vuelto a vender una lluvia de millones a Catalunya —que nunca acaba de llegar—, con un último objetivo, que Barcelona sea "el Silicon Valley del sur de Europa", para que así las empresas quieran venir aquí, ya que habrá un marco legal y de seguridad jurídica que permitirá atraer más inversiones y garantizar la ley y la convivencia en Catalunya.