ÚLTIMA HORA | Sigue el minuto a minuto del conflicto Rusia - Ucrania
Después de imponer grandes sanciones a la economía rusa, como excluir los principales bancos del país del sistema de pagos SWIFT, hoy la Unión Europea ha ido un paso más allá y ha anunciado que antes de que acabe el año quiere reducir un 66% su dependencia del gas proveniente de Rusia, una medida realmente dura teniendo en cuenta que el 40% del gas que llega a la UE proviene, precisamente, del país eslavo. Esta medida es una reacción de la posición de debilidad en la cual se han visto los 27 después de las amenazas rusas de cortar el suministro de gas en Europa. Esta medida de reducción de la dependencia energética de Rusia implica importar el gas de otros puntos del mundo, recortar la demanda con medidas de eficiencia energética y, por último, acelerar la implantación y producción de energías renovables. Si la estrategia europea finalmente prospera, se calcula que en el 2030 Europa podría ser completamente independiente del gas y petróleo rusos. De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha asegurado que Europa "tiene que ser independiente del gas, el petróleo y el carbón ruso. No podemos confiar en un suministrador que explícitamente nos amenaza".
Al fin y al cabo forma parte de la nueva propuesta legislativa presentada este martes por la Comisión Europea en materia energética, que también cuenta con un plan para limitar la capacidad de ciertos operadores, como la compañía rusa Gazprom, de poner en peligro las reservas de gas en el bloque comunitario, de manera que no puedan comprometer la seguridad de suministro. Estas medidas, de hecho, se acabarán presentando dentro del proyecto de directiva que Bruselas presentará en abril y que fijará la meta que las infraestructuras de almacenaje de este hidrocarburo se encuentren al 90% de su capacidad cada 1 de octubre de cada año, un nivel que en el ejercicio actual cobra especial relevancia por el impacto de la invasión rusa de Ucrania. "A la luz del actual entorno geopolítico, la Comisión prevé que esta propuesta legal identifique los almacenes de gas como infraestructuras críticas e introduzca disposiciones para atajar los riesgos de su propiedad", enfatiza un documento presentado en una rueda de prensa por el vicepresidente responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Bruselas se abre a intervenir el mercado eléctrico
También en materia energética, la Comisión Europea ha salido de lo que habían sido sus líneas maestras para afrontar el aumento del precio de la electricidad. Este martes se ha abierto a limitar "temporalmente" el contagio automático del precio gas al precio de la electricidad, que es uno de los principales factores por los cuales estamos viviendo, desde ya hace más de seis meses, una espiral alcista en el precio de la luz en toda Europa. "Para abordar el aumento vertiginoso de los precios de la energía, la Comisión estudiará todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad, como límites de precios temporales".
Actualmente, el precio de la electricidad se rige por un sistema marginalista que funciona de manera que la tecnología de generación más cara fija el precio del resto de las fuentes en subasta, con el que las compañías eléctricas que producen poca energía con gas, pero que cobran toda su generación a este precio obtienen lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo". Para evitarlo, el Ejecutivo comunitario propone además que los países de la Unión Europea puedan recuperar parte de los "beneficios caídos del cielo" de las empresas eléctricas, dentro de una serie de medidas diseñadas para que las capitales puedan amortiguar los precios récord de la energía. "Los Estados miembros pueden considerar impuestos temporales sobre los beneficios caídos del cielo" de las empresas eléctricas, siempre que no sean retroactivas y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo, señala la comunicación de la Comisión, que cifra el potencial de ingresos para las arcas públicas en 200.000 millones de euros.