La banca española ha manifestado su disposición a minimizar el impacto de la subida del euríbor y aliviar la carga hipotecaria de las familias que lo necesiten, a la espera que culmine la negociación entre el gobierno y el sector, pendiente de los "últimos flequillos". Así lo han explicado las primeras espadas de las principales entidades del país y de la patronal AEB, con la vista puesta en el Consejo de Ministros que ha aprobado medidas de alivio hipotecarias a que podrán acceder más de un millón de familias. Pero también se han sumado los bancos: CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA y Bankinter ya han expresado su voluntad de adherirse. El último al hacerlo ha sido Ibercaja: "de entrada está la intención", a confirmado Francisco Serrano, presidente de esta entidad.
¿Un acuerdo unánime?
Por su parte, el director general de la CECA y consejero delegado de Cecabank, José María Méndez, ha recordado que la decisión de sumarse o no al pacto sobre las hipotecas es voluntaria y las entidades tienen que tomarla". Entre otras cosas, la entidad quiere comprobar cuáles son las novedades que se incorporan con respecto al código de buenas prácticas que ya existía sobre la protección de los deudores vulnerables y otros aspectos, para ver "dónde están las posibilidades de ayuda" que tienen y también los posibles riesgos. "Todo eso hace falta valorarlo" y después decidir, "de entrada nuestra intención es adherirnos (al acuerdo), pero hay que estudiarlo "con tranquilidad y con prudencia", ha añadido.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha calificado el asunto de "complejo" y ha defendido que el tema se trate "en un marco de regulación y supervisión muy exigente", siempre "preservando las bondades y fortalezas del mercado hipotecario en Espanya".En declaraciones a los medios, Kindelán ha insistido en que la situación actual, marcada por la incertidumbre y el escenario inflacionista, "es diferente del pasado", y por eso las medidas tienen que estar más adecuadas" con un panorama en que, sobre todo, "habrá problemas de liquidez en muchas familias". En este sentido, ha destacado la tarea de las últimas semanas, en las que la banca ha trabajado "mucho de la mano del Ministerio (de Asuntos Económicos)", proponiendo medidas e ideas, muchas de las cuales "están recogidas al acuerdo discutido en el Consejo".
La Moncloa tiene prisa
El real decreto ley con el acuerdo ha sido publicado hoy en el BOE para su convalidación en diciembre en el Congreso y su entrada en vigor el 1 de enero. Estas fechas corresponden a la prisa que la misma vicepresidenta socialista, Nadia Calviño, pidió ayer a las Cortes españolas porque considera que una medida como esta no puede esperar más. El acuerdo, prácticamente unánime, también responde a unas medidas que están orientadas a los más vulnerables, en segundo término se marca la clase media que está en riesgo y en último lugar, el refuerzo del Código de buenas prácticas hipotecarias. Pero en ningún caso supone una reforma a gran escala ni el contexto es tan negativo como la última crisis que ya se empezó a gestar el año 2007 y estalló en el 2008. Actualmente, en el Estado español hay 3,7 millones de hogares con este tipo de interés. De ellas, más de un millón se verán, según afirma el Gobierno, beneficiadas por estas medidas, es decir, prácticamente un tercio del total.