La gran banca española sigue la estela del Govern y ya ha propuesto al Gobierno hacer llegar un cajero en cada municipio del Estado. Concretamente, las patronales bancarias AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito) están avanzando en las últimas semanas en un plan de medidas para mejorar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios financieros básicos, particularmente al efectivo, principalmente los territorios de la llamada España vaciada. Concretamente, estas patronales quieren dividir los municipios en varios grupos en función de la población, para hacer unas u otras actuaciones, estos grupos dividen los pueblos de la siguiente manera: menos de 300 habitantes, entre 300 y 500, entre 500 y 1.000, y entre 1.000 y 5.000. En definitiva, la idea de la banca española, contempla instalar más cajeros automáticos, así como aumentar los acuerdos con Correos para utilizar sus oficinas, que ya disponen de 129 cajeros a todo el Estado, para prestar servicios financieros básicos, ampliar la flota de oficinas móviles, también nombrados ofibuses, incrementar el número de agentes financieros o conseguir más acuerdos para que los ciudadanos puedan retirar efectivo en establecimientos comerciales, como por ejemplo en una gasolinera.

Esta propuesta de la banca llega seis meses después de que el conseller de Economía y Hacienda del Gobierno, Jaume Giró, anunciara una proposición de ley con el fin de garantizar cajeros automáticos a todos los municipios de Catalunya, y también del Estado, con el fin de evitar el riesgo de exclusión financiera. La iniciativa de Giró, que ya fue aprobada por el Parlamento, busca revertir la exclusión financiera y combatir el riesgo del despoblamiento en el territorio, justo lo mismo que busca la propuesta de la banca. La idea del Ejecutivo con esta iniciativa es revertir la reducción de oficinas y cajeros en zonas rurales, que ha dejado sin oficina un total de 443 municipios catalanes, afectando a un total de 250.000 personas, la mayoría de las cuales son personas mayores.

Cuando presentó la propuesta, Giró ya explicó que con el fin de aplicar esta ley, si se acaba aprobando, el primer paso sería que el Banco de España publicará un listado con todos los municipios del Estado que no tienen servicios financieros esenciales, es decir cajero u oficina. Una vez hecha esta publicación se abriría un periodo donde las entidades bancarias, de forma voluntaria, podrían colocar los cajeros a los municipios donde quieran. Esta sería la primera fase y sería completamente voluntaria. La según fase sería la subsidiaria. Una vez finalizado el periodo voluntario, el Banco de España volvería a publicar el listado de los municipios sin servicios bancarios. A partir de aquí, se abrirá un fondo gestionado por el Ministerio que será financiado por las entidades bancarias y que servirá para que los ayuntamientos coloquen los cajeros que faltan a lo largo del territorio.

La propuesta de Gobierno liga bastante con la idea de que presentó la banca española, que es conseguir que el 1,4% de la población, unas 665.000 personas, que no tiene acceso a los servicios financieros básicos, puedan tener exactamente lo mismo que busca el Govern con su proposición de ley. El sector considera que este grupo de población, además de estar más desatendido, presenta en muchos casos una edad media de los habitantes entre siete y ocho años superior al conjunto del país y un nivel de renta un poco más bajo.

Volviendo a la parte más política de la propuesta de la banca, esta fue presentada en el Ministerio de Economía, pero todavía no ha sido pactada, por lo tanto, todavía podría sufrir algunas variaciones, como por ejemplo como se decidirá qué entidad tendrá que implementar las medidas en cada municipio o núcleo urbano, una cosa que todavía no estaría del todo clara, aunque la idea parece que es reforzar el protocolo del sector que incluía una serie de medidas sobre educación e inclusión financiera. Otro de los puntos más importantes de la negociación entre patronales y Gobierno será quien paga todas estas medidas. De momento parece que los bancos quieren que sea una colaboración público-privada y que, por lo tanto, los costes de las medidas los paguen tanto los bancos como el Estado, ahora bien, también es un punto que todavía está por discutir entre las partes.

La ACCO recomienda usar los comercios para retirar efectivo

Mientras tanto, el pasado 14 de julio, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) aconsejó en los comercios facilitar la retirada de efectivo con tarjeta como alternativa a los cajeros automáticos, en línea con lo que ya había recomendado con anterioridad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la reducción de las oficinas bancarias. "El acceso a efectivo a través de supermercados, gasolineras, estancos, puntos de venta de loterías, oficinas postales, entre otros, puede ser una alternativa muy recomendable", señala la ACCO en una nota de prensa.

Si bien, Competencia añadía que "desde el punto de vista de la competencia, resultaría recomendable que las alianzas o colaboraciones de este tipo no se realizaran en régimen de exclusividad, sino que en la medida del posible estuvieran abiertas al número mayor de operadores, o que, al menos, se llevaran a cabo de la forma más procompetitiva posible". El organismo catalán encargado de garantizar la competencia subraya en un comunicado que "una de las consecuencias directas y más evidentes de la reducción del número de entidades financieras es la importante disminución del número de oficinas bancarias".

Eso puede derivar en el fenómeno de la "exclusión financiera", especialmente en zonas rurales y aunque las entidades bancarias ofrezcan hacer los trámites en línea. De hecho, la CNMC, en la misma línea, lanzó una serie de recomendaciones para facilitar el acceso al dinero en efectivo, como retirar dinero en comercios locales, para aquellos ciudadanos que están en riesgo de exclusión financiera, es decir, aquellos que viven en zonas rurales y los colectivos más vulnerables, como podrían ser las personas mayores.