La factura de la electricidad aumenta cada día que pasa y hay quién ha decidido plantar cara a esta situación. Es el caso del alcalde del municipio madrileño de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez, que ante lo que considera un "permanente abuso de las eléctricas" ha decidido suspender los pagos a las compañías que suministran energía al Ayuntamiento, dando prioridad a otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales.
La intención de López Rodríguez es suspender los pagos hasta que "se produzca un retroceso de los precios de la electricidad a valores que permitan a la ciudadanía española un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos". Este anuncio se ha producido justo el día que el precio de la electricidad ha marcado un récord histórico con un precio medio de 132,47 euros megavatio/hora.
Perjuicio insólito
El alcalde de Batres, municipio de alrededor de 1.750 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid, sostiene que el precio de la electricidad "está produciendo un perjuicio insólito en todas las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro energético". Al hacer pública su decisión, López Rodríguez ha destacado que "la inacción del Gobierno o su propia impotencia para solventar este enorme problema nacional está poniendo otra vez de manifiesto el poder que estas multinacionales tienen los gobiernos, donde muchos de sus integrantes han acabado o acaban como miembros de sus consejos de administración de manera recurrente".
El comunicado hecho público por el alcalde de Batres
Abuso descomunal
El alcalde, representante de la formación independiente Agrupación de Batres (ADB), lamenta que la ciudadanía poco puede hacer "ante tan descomunal abuso", por lo que ha instado a los responsables de las administraciones públicas a "que tomen medidas urgentes para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario". Entiende que deben ser las administraciones las que tomen la iniciativa: "Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si solo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas", sostiene.
Así, apunta que cuando las administraciones no abonan la factura de la luz, "las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial o de la iluminación de las calles".
Imagen principal, torre eléctrica / EP