El gobierno municipal de Barcelona llevará a la comisión de Economía de la próxima semana la aprobación provisional de una nueva tasa de 633 euros para dueños de pisos vacíos más de dos años, con el fin de costear la inspección y tramitación de expedientes y sanciones. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha declarado que el objetivo es disuadir a los propietarios de tener pisos vacíos injustificadamente, y los 633 euros se impondrán por cada expediente que se abra al detectar pisos vacíos, dentro de la estrategia de su gobierno "para garantizar el derecho a la vivienda".

Una vez aplicada esta tasa, se cobrarán 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior. "Es un trámite administrativo que antes pagábamos todos los vecinos. Ahora lo pagará la persona física o jurídica a la que se abra el expediente", ha asegurado Pisarello, quien ha defendido que es una medida imaginativa impulsada por el Ajuntament. Y todavía querría ir más allá pero no tiene más competencias.

Por otra parte, ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) anulara artículos de la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética, por lo que el Ajuntament no se puede "quedar de brazos cruzados" e impulsará medidas como esta tasa, que tiene total cobertura jurídica.

La vivienda, un derecho por el que hay que trabajar

El gerent de Presidència y Economia, Jordi Ayala, ha explicado que el procedimiento puede acabar en sanción o no, pero que la tasa se cobrará en cualquier caso. La única excepción se daría si el expediente se abre cuando no corresponde, a lo que Pisarello ha insistido que pretenden lanzar un claro mensaje a los barceloneses de que trabajan por el derecho a la vivienda. En la modificación de las ordenanzas fiscales, el gobierno municipal también propone rebajar del 90% al 40% por un acuerdo con el sector de mudanzas la tasa de autorizaciones de solicitudes de ocupación de la vía pública para rodajes de películas, vídeos, televisión, realización de maquetas, sesiones fotográficas, mudanzas, andamios y grúas.

Además, incorpora una bonificación de la tasa de elaboración de informes para la homologación de planes de autoprotección de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés social y de la ciudadanía para garantizar la seguridad en sus actividades.

La corrupción de Térmyca

Preguntado acerca de la operación de corrupción Térmyca y el requerimiento de expedientes que recibió el Ajuntament, el primer tinent d'alcalde ha respondido que, desde que empezó el mandato, han impulsado medidas y han limitado la contratación directa y sin la publicidad suficiente. "Si se compara la situación de los años anteriores y la actual, ha habido un cambio", ha asegurado.

En cuanto a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha contestado que el ministro del Interior, Jorge Fernández, desobedece al abrirlo pese a la orden de cese de actividad del Ajuntament, sobre lo que ha insistido en que harán cumplir la legalidad y precintarán las instalaciones si es necesario.