Un responsable de la compañía AIG, que llevaba el seguro de responsabilidad de los directivos del Barça, ha declarado como testigo este lunes en el juzgado que se rechazó la petición del abogado José Ángel González Franco de pagarle un millón de euros por su gestión en la defensa del expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu en el caso Neymar 1. Ha precisado que le pagaron 200.000 euros en mayo de 2017 y que se negaron a pagarle nuevas minutas presentadas: una de unos 700.000 euros y otra de 350.000 euros, sin IVA. Este testigo, según las acusaciones, corrobora que fue la directiva blaugrana la que acordó pagarle el resto, hasta cerca de 2 millones de euros en el año 2016. Por estos hechos, Bartomeu es investigado por el delito de administración desleal por haber hecho pagar al club blaugrana unos cuatro millones de euros en diferentes operaciones en su mandato hasta 2020. El titular del juzgado de instrucción 16 de Barcelona investiga estas supuestas irregularidades, denunciadas por el Barça, a través del penalista Jaime Campaner y la Fiscalía de Delitos Económicos. En su declaración judicial, Bartomeu, defendido por José María Fuster-Fabra, declaró que el pago de su abogado fue un acuerdo verbal.
La directiva del Barça, liderada por Joan Laporta, llevó un informe, llamado forensic, sobre varios gastos bajo sospecha de la anterior directiva. González Franco —también imputado— cobró 1,7 millones de euros entre los años 2016 y 2017 al club por supuestamente haber negociado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado la condena del club —la primera como entidad jurídica— y la exoneración de los presidentes del Barça Sandro Rosell y Bartomeu en el caso de delitos fiscales por la contratación de Neymar Júnior; el caso Neymar 1. Las acusaciones sostienen que este trabajo fue hecho por otro abogado, Cristóbal Martell, que ha sido citado a declarar en el juzgado, pero ha alegado secreto profesional y el juez lo valora.
En el caso Neymar 1, el Barça admitió haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros. El acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado era rebajar la multa y exonerar a los dos expresidentes Rosell y Bartomeu. Según las defensas, se acordó pagar a González Franco el 10 % del dinero ahorrado: 17 millones de euros.
Balón hacia la exdirectiva
El juez instructor también ha escuchado a Román González Ponti, exresponsable de servicios jurídicos del Barça, que ha atribuido a la directiva del club en la etapa de Josep Maria Bartomeu la decisión de pagar 1,7 millones de euros al abogado del expresidente para alcanzar un pacto en el caso Neymar 1, según fuentes judiciales. González Ponti ha declarado como investigado y se ha sacudido toda responsabilidad, asegurando que solo analizaba el trabajo hecho, que el caso era "una tarea compleja" y que las decisiones las tomaba la directiva del Barça.
El pago a González Franco se acordó sin la aprobación de la Junta directiva del Barça, a la cual el acuerdo se elevó posteriormente, según la Fiscalía, que lo mantiene en su denuncia. Las defensas han asegurado que había correos electrónicos entre González Franco y la Fiscalía, que justifican su trabajo. Por su parte, desde la acusación del Barça no se cuestiona la corrección del coste de la minuta, sino que esta la tuviera que abonar el club, según fuentes conocedoras del caso.