Vuelve el enredo entre El País y Mediapro. El diario publica este jueves una rectificación que desmiente un artículo publicado en su web el 13 de diciembre de 2014 (el día 14 en la versión impresa) donde decía que Jaume Roures, fundador y accionista de la multinacional audiovisual, "tiene 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales", entre otras afirmaciones.

Mediapro, sin embargo, no está de acuerdo. En un comunicado, exige al diario que "cumpla estrictamente" lo que le ordena la sentencia de la sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, es decir, "publicar, sin comentarios ni apostillas, el texto de la rectificación (...) con relevancia parecida a la noticia que se publicó (el) 14 de diciembre del 2014, con el mismo tipo y tamaño de letra, en la portada e interior, sección Sociedad," según el texto de la resolución judicial.

Decisión revocada

Es una historia larga, cruda y apasionada, como todas las que enfrentan a Mediapro y Prisa, la editora del diario. Daría para un capítulo de la serie Suits. En primera instancia, el juzgado 28 de Barcelona desestimó la demanda de Mediapro el 30 de julio de 2015. La Audiencia Provincial revocó esta decisión el 30 de diciembre de 2016 y obliga el diario a publicar la rectificación, cosa que El País sólo ha cumplido después de recibir un ultimátum el pasado 11 de diciembre.

El artículo impugnado abría la sección de Sociedad, plana 43. El titular principal era "Los derechos del fútbol se enfrentan a un cambio decisivo". Por debajo añadía un complemento sobre las cuentas en paraísos fiscales. Estas son la portada y la página 43 del 14 de diciembre de 2014:

Y estas son la portada y la página publicadas este jueves, donde El País opta por esconder la cosa tanto como puede, en el peor y menor rincón de su portada y en medio faldón de la plana 21:

Mediapro se queja ahora de que la rectificación "no tiene ni la relevancia ni la difusión que tuvo la noticia original [...] Ni ocupa el mismo espacio ni se ha publicado en [la edición impresa del] domingo", día en qué más diarios vende El País, ni la referencia en portada es igual. Para más inri, la tipografía no es la misma que la habitual de la información. Se conoce que el diario, como todos, no tiene ninguna gana de rectificar, aunque la Audiencia considera que la información perjudicó tanto a Mediapro como a Roures.

Como el ultimátum judicial fija un plazo de un mes, el diario "todavía tiene hasta el 21 de enero para publicar una rectificación en condiciones", dice el comunicado de Mediapro. Si no lo hace, Mediapro acudirá otra vez a los tribunales.

Guerra del fútbol

Esta escaramuza viene de cola de la larga guerra judicial por los derechos del televisión del fútbol que desde 2007 sostenían ambos grupos. Mediapro fue quien finalmente se llevó el gato al agua en febrero de 2015 y, otra vez, en junio de 2017. La empresa audiovisual, sin embargo, las pasó moradas, hasta el punto que, en 2010, en otro episodio del conflicto, tuvo que declararse en suspensión de pagos porque el juez la obligaba a pagar 104,5 Meur de indemnización a AVS, la empresa de Prisa con la que pleiteaba.

La misma Audiencia Provincial tiene muy claro este contexto. En su sentencia recuerda que las relaciones entre Prisa y "los demandantes [Roures y Mediapro] "son "conocidamente (sic) hostiles".

La víctima de esta guerra, como siempre, es la realidad. Para acusar a Roures de tener cuentas en paraísos fiscales, el diario decía basarse en "documentación en la que ha tenido acceso El País", un clásico de la atribución periodística dudosa.

El argumento

El diario insistió el 17 de diciembre, en otra pieza, donde informaba de la rueda de prensa en que Roures le desmentía. A cada afirmación de Roures, el artículo añadía alguna contradicción o algún disimulo. Se decía, por ejemplo, que "Roures acusa a [El País] de 'mentir deliberadamente', aunque no ha aportado más que sus mismas declaraciones para sostenerlo".

Justamente este es el argumento de la Audiencia Provincial para condenar el diario a rectificar. Aquí la sentencia es dura. Recuerda que la obligación de publicar una rectificación no equivale a declarar falsa la información impugnada, pero concluye que, en este caso, El País ha sido "incapaz de aportar elementos" que prueben las afirmaciones publicadas y que el único documento que presentó no tiene "eficacia probatoria", pues "es una simple relación de la cual se desconocen la autoría y las fuentes y no contiene ningún elemento que permita constatar la veracidad" del artículo.

Para remachar el clavo, descalifica el argumento del diario de que la rectificación no era necvesaria porque ya había publicado la versión de Roures en el mencionado segundo artículo. En ese artículo, añade la sentencia, "se intercalan comentarios, valoraciones y apostillas (expresamente prohibidas [por la ley que regula la rectificación]), que desvirtúan totalmente para los lectores de este diario la finalidad rectificatoria (sic) de la intervención del Sr. Roures".

Segunda querella

El periplo judicial de este asunto todavía no ha acabado. Mientras se resolvía la demanda de rectificación, Mediapro se querelló por un presunto delito de injurias, calumnias y falsedad documental contra El País; su director, Antonio Caño, y la periodista que firmaba el artículo, Rosario García Gómez. Este procedimiento penal sigue vivo.

Y bien vivo. "El País no ha aportado ninguna prueba ni durante el proceso judicial por la rectificación ni en el proceso penal" por la querella, según la mencionada nota de Mediapro. Y añade, con un punto de mala onda, que "el director de El País, Antonio Caño, recurrió su imputación argumentando que la publicación de estas informaciones era únicamente responsabilidad de la autora".