Madrid, 19 de septiembre de 1935. Hace 90 años. La prensa del día salía con un monumental escándalo de corrupción que señalaba a altos cargos del gobierno de la República. Aquel escándalo, relacionado con unas ruletas fraudulentas instaladas en los casinos de Donostia y Formentor, provocaría la caída de un gobierno que, en la víspera de la publicación, estaba en la cresta de la ola. Había alcanzado el poder (noviembre, 1933) con la promesa electoral de desarticular el autogobierno de Catalunya, el único territorio autónomo de la República, y visto por buena parte de la sociedad española como la peor amenaza a la unidad de España. Durante aquellos dos años de gobierno (Bienio Negro) habían logrado hacer efectiva su promesa: desarticular el autogobierno catalán (octubre, 1934) y encarcelar al gobierno de Catalunya (mayo, 1935). En la cresta de la ola.
¿Quién estaba en ese gobierno?
En las segundas elecciones generales de la República (noviembre, 1933), los partidos de izquierda, con el PSOE al frente, habían sufrido un batacazo monumental. En cambio, una pintoresca coalición, formada por el anticatalanista Partido Republicano Radical (de Lerroux) inmerso en un curioso viaje ideológico de la izquierda hacia la derecha, por la monárquica y antirrepublicana CEDA (de Gil-Robles) y por el folclórico clasista Partido Agrario Español (de Martínez de Velasco), había obtenido 255 de los 472 escaños en las Cortes. No obstante, la CEDA (115 escaños y ganador de los comicios) y el PAE (36 escaños) pondrían en práctica un ejercicio de tacticismo —que más tarde se vería por qué— y dejarían gobernar en solitario al PRR de Lerroux (104 escaños), que sacaría adelante la legislatura con el apoyo parlamentario de sus socios.
El escándalo
En el año 1934, los fabricantes neerlandeses Strauss y Perlowitz habían instalado ruletas manipuladas, marca Stra-Perlo, en los casinos de Donostia y Formentor. Este fraude se había cometido con la connivencia de una serie de elementos del gobierno de la República, que, previamente, habían sido contactados por los fabricantes, y que habían utilizado su poder —tráfico de influencias, chantaje— para facilitar la instalación de esas ruletas. No obstante, transcurridas unas semanas, la policía las precintaría, y Strauss y Perlowitz, perplejos y contrariados, reclamarían una indemnización de 85.000 pesetas (el equivalente a unos 100.000 euros) a sus "socios" del gobierno. Lerroux los despachó de mala manera, y el 1 de septiembre de 1935, decididos a "hacer saltar la banca", se entrevistaban con Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República y jefe de Estado, y lo ponían al corriente.
La ruleta fraudulenta catalana que nunca fue
Strauss y Perlowitz habían desembarcado en territorio republicano en Catalunya (enero, 1934), con el propósito de instalar su primera ruleta fraudulenta en el casino de Sitges. Pero el gobierno Companys —que entonces todavía no había sido encarcelado— les negaría la autorización. Sin embargo, Strauss y Perlowitz no se dieron por vencidos, y si bien se convencieron de que en Catalunya no podrían explotar su negocio, sería en la capital catalana donde lograrían el contacto que los llevaría hasta el gobierno español. Y este contacto sería… ¡¡¡oh, sorpresa!!!, el empresario catalán y militante del PRR lerrouxista Joan Pich i Pon. Un personaje que después del desmantelamiento del autogobierno catalán (octubre, 1934) sería, reveladoramente, nombrado —a dedo— alcalde de Barcelona (enero, 1935) y gobernador general de Catalunya (abril, 1935).
¿Quiénes eran los cargos políticos implicados en ese escándalo?
El 5 de septiembre de 1935, Alcalá-Zamora —presidente de la República— citaba a Lerroux —presidente del gobierno— para pedirle explicaciones. En ese monumental escándalo estaban implicados Aurelio Lerroux (sobrino y secretario del presidente del gobierno), Rafael Alonso Salazar (ministro de Gobernación en el momento de la instalación de las ruletas fraudulentas y alcalde de Madrid cuando estalla la crisis), Joan Pich i Pon (alcalde de Barcelona y gobernador general de Catalunya), José Valdivia Garci-Borrón (director general de Seguridad Ciudadana del gobierno de la República), el general Miguel Galante (subordinado y secretario de Valdivia), Eduardo Benzo (gobernador civil de Madrid), Emiliano Iglesias Ambrosio (periodista y diputado del PRR) y Sigfrid Blasco-Ibáñez (líder de la Unión Republicana, aliada puntual del PRR).
¿Qué ocurrió cuando el escándalo saltó a la palestra?
Las explicaciones de Lerroux no convencieron a Alcalá-Zamora, y el jefe de Estado citó a Gil-Robles, le informó de que había decidido destituir al ejecutivo del PRR y le propuso encabezar un gobierno hasta agotar la legislatura (1938). El contexto político del momento invitaba a aceptar la propuesta del jefe de Estado, pero Gil-Robles —que tras el triunfo electoral de 1933 ya había hecho gala de un extraño tacticismo— no lo aceptó. Confió en que, con su negativa, Alcalá-Zamora se vería abocado a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Y especuló con que podría fagocitar al PRR de Lerroux, ganar ampliamente los comicios y gobernar en solitario. La primera parte de la ecuación la resolvió a plena satisfacción de sus intereses. Pero, en la segunda parte, se dio de narices contra una realidad que ni había olido.
Las elecciones de 1936
El 7 de enero de 1936, Alcalá-Zamora disolvía las Cortes y convocaba elecciones anticipadas. Y el 16 de febrero se celebraban los comicios, que en España ganaría la coalición de izquierdas Frente Popular, y en Catalunya, el gobierno encarcelado por el ejecutivo Lerroux y condenado por la justicia española. Los socios parlamentarios de Lerroux —Gil-Robles y Velasco— no previeron que sus formaciones se habían contagiado con el virus del escándalo que destruía al gobierno. No solo no captaron la confianza del electorado del PRR (que se fue hacia Izquierda Republicana, de Manuel Azaña), sino que perdieron a un total de 51 diputados y quedaron en segundo y en décimo lugar, con 87 y 11 diputados, respectivamente, y sin posibilidad de reeditar la coalición parlamentaria de 1933 y, todavía menos, de formar gobierno.
¿Cómo se resolvió el escándalo del Estraperlo?
Según la investigación historiográfica, el presidente Lerroux se había reservado el 25% de los beneficios del fraude. Y el resto de cargos políticos implicados, el 50% a repartir. El 25% restante era para los fabricantes. Pero nunca llegaron a reunir un gran beneficio, porque la policía clausuró rápidamente aquellas ruletas. No obstante, la justicia española —a diferencia de lo que había pasado unos meses antes con el encarcelamiento, el juicio y la sentencia contra el gobierno de Catalunya—, ni siquiera se inmiscuyó. El mayor escándalo de corrupción de la historia de la Segunda República española se saldaría, únicamente, con el fin del PRR como formación política y la desaparición de escena de sus dirigentes. Esta sería la única "condena" que recibirían el corrupto y españolísimo Lerroux y su corrupta y españolísima gente.