Con ocasión del Día Internacional de los Archivos, que se celebra el 9 de junio, El Nacional ha querido centrar su atención en los archivos y en las polémicas, repetidas periódicamente en círculos académicos, sobre las restricciones al acceso a la documentación archivística. Para documentarnos sobre el tema, hemos entrevistado a Salvador Soto Lostal, profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y experto en el derecho de acceso a la información. Es autor de El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen Gobierno (ed. Tirant lo Blanch, València, 2011).

¿Por qué las administraciones que nos representan y que nosotros financiamos no nos dejan acceso a todos los documentos que generan?
En principio, las instituciones deberían ofrecernos acceso a todos los documentos sin ningún tipo de restricción. Ahora bien, hay otros derechos que deben ser protegidos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. A ninguno de nosotros nos gustaría que cualquiera pudiera tener acceso a nuestros expedientes sanitarios o a nuestros teléfonos particulares. También es lógico que no podamos tener acceso a los sumarios de las investigaciones policiales en curso: si fueran públicos no habría forma de capturar a ningún delincuente porque cuando supieran que la policía los vigila escaparían. Cuando hay conflicto entre el derecho a la información y otro derecho, se debe valorar qué derecho es más importante proteger.

El mundo en que vivimos es asquerosillo”, dijo Eduardo Serra

¿Cree que los archivos españoles albergan secretos inconfesables?
No me cabe duda. Ocultan secretos, como los hay en las mejores familias. Lo raro sería que no los tuvieran, considerando los ámbitos en que se mueve la política y sus relaciones con los poderes económicos. Me vienen a la cabeza las declaraciones que el exministro Eduardo Serra realizó en un programa de Jordi Évole dedicado precisamente al acceso a los datos sobre los gastos en defensa. Serra declaró, sin el menor pudor: “el mundo en el que vivimos, es un mundo asquerosillo. ¿O es que usted se cree que esto es el cielo? Yo hace mucho tiempo que aprendí que esto no era el cielo. En este mundo hay que mancharse las manos con barro, para hacer cosas. Hay una solución, decir ‘yo no me mancho las manos', no hacer nada. Pasará usted por el mundo sin romperlo, ni mancharlo, pero no hará nada. Si usted quiere hacer cosas tendrá que mancharse las manos”.

¿Qué tipos de restricciones imponen habitualmente las leyes?
Las restricciones giran en tres ámbitos: la seguridad del Estado y la defensa nacional (como la venta de armas, o los planes militares estratégicos), el derecho a la intimidad (y el derecho al olvido) y la investigación de actividades delictivas. Los documentos que afectan a estos tres ámbitos son considerados información susceptible de protección especial.

¿Qué es lo que el Estado no quiere que veamos?
Evidentemente, hemos de hacer mención a la lacra de la corrupción. Se dice que el que algo oculta, algo teme. Pero pienso que no siempre que se oculta algo es porque allí se haya cometido un delito. Simplemente puede ocurrir que la Administración intente ocultar sus carencias materiales y humanas en el cumplimiento de sus múltiples deberes. Muchas instituciones no consiguen cumplir con lo que establece la amplia y compleja legislación, a veces por falta de recursos.

¿Quién establece qué es y qué no es información reservada?
Este es uno de los problemas principales. Hoy en día es el Consejo de Ministros quien, previa clasificación, establece qué afecta y qué no afecta a la seguridad del Estado y la defensa nacional. En consecuencia, es fácil que se tomen decisiones de forma partidista. Sería deseable que el Consejo de Ministros no tuviera este monopolio y que este tipo de restricciones se tomaran de forma más democrática. Sería de desear que más gente participara en la actividad de clasificación, para evitar interpretaciones unilaterales del gobierno de turno.

Una vez un documento ha sido considerado información reservada, ¿quién y cómo debe desclasificarlos?
Actualmente está en vigor la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una ley de pleno período de la dictadura, que fue ligeramente modificada en 1978. Esta ley establece que el organismo que clasifica unos documentos como información reservada es el mismo que debe desclasificarlos. No se establece ningún límite temporal ni ningún plazo máximo, por lo que un determinado documento puede clasificarse sin fecha de desclasificación.

No podemos olvidar la propensión al oscurantismo que arrastra nuestro país”

Durante 40 años la administración española se rigió por un claro secretismo. ¿La transición fue capaz de romperlo?
No podemos olvidar la propensión al oscurantismo que arrastra nuestro país. En los últimos cuarenta años se ha avanzado, evidentemente, porque partíamos de una situación pésima. Hasta hace poco no había ni siquiera Ley de Transparencia. Estábamos en el furgón de cola de los países democráticos. Quedan muchos pasos por dar. No obstante, hay instituciones que han mejorado mucho en este aspecto: por ejemplo, hay muchos ayuntamientos con un comportamiento modélico, aunque hay otros que funcionan con un sistema pésimo.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?
Quienes más se ven afectados por estas legislaciones son los historiadores, que son los que visitan con frecuencia los archivos. Pero también a veces los ciudadanos tienen problemas cuando quieren que se les muestre el expediente que les afecta. La Ley de Transparencia ha mejorado en teoría el acceso del ciudadano a las informaciones que le afectan, pero en la práctica no siempre se le da un fácil acceso a lo que necesita.

¿La ley es lo bastante clara en relación a qué documentos son accesibles?
La ley establece los principios generales que rigen el acceso a la información. Pero estos grandes principios no se traducen en una normativa detallada sobre cómo gestionarlos. De esta forma, la responsabilidad última de determinar el acceso a los documentos, muchas veces acaba recayendo en el archivero o funcionario responsable, y esto a veces lo coloca en una posición difícil.

¿Qué medidas propondría para convertir la documentación de los archivos en un patrimonio realmente público?
En primer lugar, sería prioritario aprobar una Ley de Secretos Oficiales actualizada. En segundo lugar, que esta Ley fuera más concreta, y garantizara mejor el acceso a la información. En tercer lugar, se debería establecer el principio de silencio positivo: cualquier demanda de información que no sea denegada expresamente con una justificación, debería ser atendida. Y se ganaría mucho si las instituciones tuvieran organismos específicamente dedicados a la transparencia. Actualmente, muchas veces las peticiones de información de los ciudadanos recaen sobre funcionarios que tienen otras obligaciones y que no dan la suficiente prioridad a estas peticiones. Pero en un momento de austeridad y de recortes de personal y de medios materiales, es difícil garantizar suficientemente el derecho a la información. Y, lo principal: sería necesario un nuevo código de valores entre los directivos, tanto del sector público como del privado, basado en la idea de que no hay nada que ocultar, precisamente porque sus actuaciones se fundamentan en dichos valores. Esto forma parte, ya, del acervo de unos pocos países privilegiados. Pero nosotros no deberíamos renunciar a ello.