España sufre un exceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación que pone en alto riesgo el pluralismo en este sector. El 58% del mercado español de los media está controlado por sólo tres compañías, alerta el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios (CMPF) en el estudio Media Pluralism Monitor 2015 (MPM) ei 19 países de la Unión Europea, que lo cofinancia.

Falta también transparencia en la propiedad de los medios, según el MPM. Ni la regulación ni el registro de empresas proporcionan ningún tipo de información sobre las relaciones entre los propietarios de empresas de medios con otros intereses de estas mismas empresas, sea en sectores vecinos, como telecomunicaciones, o de otros como construcción, inmobiliaria, distribución o finanzas. "En consecuencia, el público recibe una visión distorsionada de los participantes en la cadena de valor" de los medios y está desavisado de posibles influencias ajenas sobre los medios, lamenta el estudio.

La propiedad cruzada de medios es lo que más preocupa a los redactores del estudio, porque en España no hay ninguna regulación al respecto. Algunas empresas de medios no respetan la exigencia legales de dar a conocer la estructura de su propiedad, acusa el informe. "Cuando lo hacen, lo presentan de manera que es demasiado complicado de entender para el público", agrega.

Los bloques electorales

Con respecto al sesgo políticos de los medios, el estudio considera que el problema mayor del sector en España es la publicidad política en dos sentidos, las campañas electorales y la publicidad pública.

Otro problema grave es que los consejos de administración de los medios audiovisuales públicos actúen "sin tener en cuenta las recomendaciones hechas por los representantes profesionales de los periodistas y las asociaciones de consumidores". Tampoco funcionan los mecanismos de queja, añade el estudio.

Se critica también la "distribución arbitraria" de tiempo a los partidos según los escaños obtenidos, los famosos "bloques electorales", que tanto desagradan a los periodistas que trabajan a los medios públicos. El estudio salva un poco más la cara en las radios y televisiones privadas: "su cobertura política no se siempre justa, equilibrada e imparcial, sin embargo, a causa del extenso paralelismo político, la mayoría de los puntos de vista acaban llegando a los ciudadanos.

Publicidad oficial

"La publicidad oficial es una de las principales preocupaciones con respecto al pluralismo de los medios españoles", dice el estudio. Con respecto a la procedente del estado, "una comisión distribuye los fondos de acuerdo con criterios particulares que no están nada claros, sin considerar la audiencia de cada medio, como piden los medios independientes". Con respecto a los niveles locales y autonómicos "parece que hay relaciones muy próximas entre los medios y los partidos políticos", que condicionan el reparto de los fondos dedicados a publicidad oficial, añade.

Las otras áreas que analiza el estudio no presentan especiales problemas. Es bajo el riesgo de degradación de las protecciones básicas (libertad de expresión, derecho a la información); la independencia política de los medios y su inclusividad social.

Un indicador, pero llama la atención del CMPF, lo que evalúa las buenas prácticas profesionales de los periodistas. Aquí el estudio señala "la ineficiencia de las asociaciones profesionales y de los sindicatos. Los dos denuncian presiones pero les faltan los mecanismos para asegurar la independencia periodística".

Ley Mordaza

El CMPF ve con mucha preocupación la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza". Lamenta la amenaza de que puede suponer para la libertad de los periodistas, las multas que impone y la vaguedad de su formulación, "puede causar un efecto terrible en la libertad de expresión", tanto de los ciudadanos como de los periodistas.

También lamenta las limitaciones en el trabajo de los fotoperiodistas que puede suponer la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, por las limitaciones que impone en su trabajo con respecto a coger imágenes de los agentes de la policía en las manifestaciones.

En el capítulo de dificultades, el estudio lamenta que el cierre de webs sea un procedimiento administrativo y no judicial, "aunque es pronto", dice, para valorar esta reciente regulación.