La vivienda es una de las principales columnas del estado del bienestar. Los desajustes a raíz de la crisis y las dinámicas de los años posteriores han hecho crecer el esfuerzo que dedican muchas familias a pagar el alquiler o la hipoteca. Los resultados de las Estadísticas metropolitanas sobre condiciones de vida para 2017-2018 publicados por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona manifiestan que el 35,8% de la población en régimen de alquiler en el Área Metropolitana de Barcelona destina más de un 40% de sus ingresos a gastos de la vivienda. Son cifras que ponen de manifiesto que ni el mercado laboral ni el de la vivienda dan una respuesta adecuada a las necesidades de una parte importante de la población e interpelan al Gobierno a actuar de forma decidida.

El 35,8% de la población en régimen de alquiler en el Área Metropolitana de Barcelona destina más de un 40% de sus ingresos a gastos de la vivienda

Ante esta situación urgente, la Generalitat ha impulsado un trabajo concertado con los agentes sociales y políticos para aprobar el Decreto ley para mejorar el acceso a la vivienda, que se despliega en tres grandes ámbitos.

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En primer lugar, en la lucha contra la exclusión residencial, el Decreto refuerza y amplía el alcance del alquiler social obligatorio que tienen que ofrecer los grandes tenedores a las familias vulnerables cuando estén en riesgo de perder la vivienda por procesos de desahucio, abarcando también los casos en que se les acabe el contrato de alquiler, o bien cuando lleven más de 6 meses ocupando una vivienda sin título habilitante. Para ayudar en la gestión de los casos de emergencia, el Decreto facilita que se construyan alojamientos temporales en suelo de equipamientos, o que el ejercicio del tanteo y retracto –con el que en sólo 4 años la Generalitat ha sumado 3.000 viviendas a su parque- se amplíe en todos los municipios del país y se alargue 6 años más, hasta el 2027. Son todas ellas medidas para facilitar en un plazo breve alojamiento para la emergencia habitacional.

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En segundo, para que el parque de vivienda social de alquiler crezca, el Decreto ley activa medidas urbanísticas que permitan impulsar las promociones de vivienda protegida en suelos públicos que hoy están sin desarrollar. Y al lado del planeamiento urbanístico, el crecimiento del parque de alquiler social también pasa por estimular la iniciativa privada para que haga vivienda protegida de alquiler, ofreciendo, entre otras ayudas, cobertura pública en el cobro del alquiler.

El Decreto ley activa medidas urbanísticas que permitan impulsar las promociones de vivienda protegida en suelos públicos

Por otra parte, las nuevas viviendas de protección oficial que se construyan tendrán esta calificación de forma indefinida en el tiempo y se determinará su precio mediante un módulo único que podrá tener variaciones en función del lugar, características y costes, o la mejora de los procedimientos de adjudicación.

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El Índice de Referencia de Precios del Alquiler, clave

Y en tercer lugar, un incremento del parque de alquiler social amplía la oferta disponible y empuja el mercado libre a la baja. Pero también hay otras vías para conseguir que los precios del alquiler se ajusten más a la realidad de la demanda. Por eso, el Decreto ley prevé medidas que convierten el Índice de Referencia de Precios del Alquiler en un elemento nuclear, que va más allá de la función informativa para convertirse en un factor clave en el momento en que el propietario determina su propuesta de renta mensual: por ejemplo, si el alquiler establecido está por encima del Índice aplicable a la vivienda, el propietario no podrá recibir ayudas públicas vinculadas al fomento del alquiler.

Es la principal modificación del marco regulador de la vivienda en Catalunya desde la aprobación, el año 2007, de la ley del derecho a la vivienda

El Decreto aprobado por el Gobierno representa, pues, la principal modificación del marco regulador de la vivienda en Catalunya desde la aprobación, el año 2007, de la ley del derecho a la vivienda, poniendo las bases para la lucha más eficaz contra la emergencia residencial, el incremento del parque de alquiler asequible, y la contención de los precios del alquiler.