La Generalitat de Catalunya quiere combatir la situación de irregularidad laboral que sufren muchas mujeres que se dedican al cuidado de personas mayores o dependientes y que trabajan sin contrato. Por este motivo, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pagará la cuota íntegra de la Seguridad Social de las trabajadoras de todo un año, un total de 2.685€, a las familias o personas que ofrezcan un contrato laboral a jornada completa. El plan de ayudas para hacer frente a la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad de este sector costará 2,3 millones de euros.
Treball, Afers Socials i Famílies activa un plan de ayudas de 2,3 millones de euros para poner fin a la precariedad laboral del sector. Y es que cuatro de cada diez trabajadoras no tienen contrato
Para obtener la subvención, la persona contratante tiene que garantizar trabajo por un mínimo de 12 meses a las trabajadoras que no hayan sido dadas de alta en la Seguridad Social en los últimos dos años. El pago de los 2.685€ anuales para hacer frente a la cuota de la Seguridad Social se adelantará con un anticipo del 60% al inicio de la contratación y se cerrará con el 40% restante cuando se complete el año de contrato. La medida, pionera en Europa, pretende favorecer la regularización de la situación administrativa de muchas personas que se dedican al cuidado de la gente mayor y dependientes y fomentar el afloramiento de la economía sumergida.
La petición solo se podrá tramitar online a través de la web curadelallar.gencat.cat. Habrá que disponer de un certificado digital o un idCAT de emisión gratuita. Aun así, hay más de 100 entidades de apoyo para el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de la convocatoria. Para información se puede llamar al teléfono 012.
Un 40% de las trabajadoras sin contrato laboral
En Catalunya en el sector de la atención a las personas mayores y los dependientes trabajan en torno a 100.000 personas y, de estas, cuatro de cada diez lo hacen sin contrato laboral. La Generalitat quiere regularizar la situación administrativa de estas trabajadoras y así reconocer el valor que merece su trabajo.
Se trata de un empleo que, aunque se vuelve invisible en muchos casos, permite atender con dignidad las necesidades de los dependientes y a la vez que otras personas puedan ejercer sus profesiones, y, por lo tanto, contribuir de manera directa e indirecta al desarrollo económico de Catalunya. Además, el gobierno catalán considera que la regularización de este sector tendrá un gran impacto económico, ya que facilitará la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo a muchas de estas trabajadoras.
900 trabajadoras podrán beneficiarse de la medida
El gobierno catalán calcula que unas 900 trabajadoras que se dedican al cuidado de las personas mayores y dependientes se podrán beneficiar de esta medida. Se trata de un ámbito laboral mayoritariamente femenino. De hecho, nueve de cada diez personas que trabajan en el sector son mujeres y, desgraciadamente, no tienen ni la visibilidad ni el reconocimiento que se merecen, aunque la normativa actual reconoce el trabajo del hogar y de los cuidados como un ámbito plenamente laboral, con un régimen especial dentro de la Seguridad Social.
Quién puede solicitar la subvención
Pueden pedir la ayuda las personas físicas que ofrezcan un contrato de trabajo de 12 meses para cuidar de personas mayores o dependientes en ambito domiciliario. Los requisitos son tener más de 18 años, estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Catalunya, estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social y tener unos ingresos brutos anuales de la unidad familiar que se pueden consultar en la resolución de convocatoria.
Quién puede ser contratada
Para ser contratada la persona no puede haber sido dada de alta en la Seguridad Social los últimos dos años. Si no posee nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, debe tener autorización de residencia. En caso de no disponer de residencia legal, tiene que acreditar tres años de permanencia en España a través del empadronamiento, no tener antecedentes penales y disponer del informe de arraigo de la Generalitat de Catalunya.