Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, abogado del presidente Puigdemont y desde hace un año diputado del JuntsxCat en el Congreso, hace un juicio crítico de la justicia española y también del parlamentarismo en cuanto a sistemas obsoletos no adaptados a las herramientas tecnológicas que ha puesto de manifiesto el actual confinamiento de la población.

"Desde el punto de vista jurídico, encuentro que todo lo que se está haciendo es una calamidad. El estado de alarma no justifica restar derechos, abusos policiales, multas que entiendo que son nulas de pleno derecho... estamos en una legislación de excepción que se está interpretando de una forma todavía más excepcional". Cree que "si tuviéramos un Tribunal Constitucional neutral lo tumbaría todo, y además ha comportado una recentralización de competencias no justificada y totalmente negativa desde el punto de vista de la eficacia. En resumen, un desastre absoluto".

El confinamiento ha cambiado los usos y costumbres de la administración y del trabajo de despacho. "La mayoría de reuniones que hacemos son prescindibles. El 90 por ciento de mi trabajo lo hago si tengo un ordenador y un teléfono". Eso tendría que afectar también al funcionamiento de la justicia, que todavía es presencial y que funciona con citaciones por fax. "La justicia requiere un cambio radical, la pandemia lo ha agravado, pero requiere una reforma brutal. No gastamos por debajo de la media europea, gastamos mal". Y pone un ejemplo en términos de sostenibilidad: "Cada vez que hacemos un proceso tenemos que talar todo un bosque por la cantidad de papel que necesitamos para notificaciones".

Este reconocido jurista sospecha que el control del ciudadano y la reducción de libertades ha llegado para quedarse. "La tendencia se remonta ya a la LOAPA de 1983, ha seguido con la ley mordaza de Rajoy o el artículo 155, que es de una inconstitucionalidad manifiesta. En este gobierno que lleva la etiqueta del más progresista de la historia le ha salido la vena autoritaria".

Su experiencia parlamentaria de un año accidentado -repetición de elecciones, largo gobierno en funciones, pandemia, pocos plenos, además de una neumonia- le hace decir que el parlamentarismo español está en el siglo XIX. "Mi intervención de tres minutos y medio del otra día, con todo el día sería, la podría haber hecho por videoconferencia. Más aún cuando de los 350 diputados, 310 ya sueltan votado telemáticamente antes de que yo hablara. Se hace de cara a la galería y los medios. Es una sucesión de monólogos, no hay debate".

Como abogado de parte, pero que pretende ser riguroso, Alonso-Cuevillas piensa que el Parlamento Europeo acabará concediendo el suplicatorio de Puigdemont, Comín y Ponsati, porque es una votación política. Pero hace una lectura positiva: "Ya es un éxito que se pueda discutir la situación de Catalunya. Pero entonces entraremos en otra casilla, que es la justicia belga y la escocesa, donde tenemos muchos elementos para ganar. Delante tenemos, sin embargo, un Estado muy fuerte que juega con lo legal, lo ilegal y lo paralegal".

En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos confía en que acabará anulando la sentencia del Supremo. "Todo ha sido un cúmulo de vulneración del derecho, con un atropello continuo de derechos".

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