Primer extrabajador de Metro de Barcelona en vida, a quien se le reconoce la incapacidad permanente a consecuencia de la exposición al amianto. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado íntegramente los recursos interpuestos por las mutuas de trabajo y Metro de Barcelona contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Social 4 de Barcelona, en marzo de 2024 que, por primera vez, declaraba en situación de incapacidad permanente total derivado de exposición al amianto en el ámbito profesional a un trabajador del suburbano, Rafael Rubio. Rubio trabajó como mecánico tornero durante más de 40 años en los talleres de Vilapicina y actualmente está jubilado. El TSJC ya confirmó la primera muerte por amianto de un extrabajador de Metro de Barcelona, el mayo de 2023.
El Colectivo Ronda, que ha ejercido la representación jurídica del trabajador en este procedimiento, ha comunicado la sentencia este miércoles, y ha indicado que actualmente se encuentra en proceso de resolución la demanda interpuesta por Rubio contra Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S. A., a la cual reclama 180.000 euros por los daños y perjuicios derivados de las patologías que sufre por la exposición al amianto. Fuentes de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) han asegurado a Europa Press que "respetan el fallo judicial" del TSJC, y añaden que presentarán recurso ante el Tribunal Supremo.
Exposición crónica
En la sentencia, el TSJC reconoce que el origen de la asbestosis con placas pleurales y enfisema pulmonar, diagnosticada desde 2013, que afecta a Rafael Rubio,es consecuencia de la "exposición crónica al amianto en su trabajo en el Metro". En este sentido, la resolución recuerda que aunque Metro de Barcelona ha negado en reiteradas ocasiones la presencia de asbesto en sus instalaciones, Inspección de Trabajo ha establecido de forma inequívoca que una evaluación del año 1988 detectó la presencia de amianto en los talleres de Vilapicina y, posteriormente, una evaluación higiénica de 1990 determinó la presencia de amianto en el aire proveniente del desgaste de los antiguos zapatos de freno y de la ventilación exterior.
El tribunal catalán también señala que entre los años 2001 y 2003 se procedió a la sustitución de determinados componentes eléctricos de los convoyes que contenían este material y desde 2018, se implementó un plan de intervención para eliminar el amianto en estructuras y se intensificó el programa de vigilancia de la salud. El TSJC manifiesta que hay "abundantes hechos probados" que avalan la existencia de un vínculo causal entre la patología sufrida y la presencia de amianto en los convoyes y las instalaciones de Metro de Barcelona.
Rafael Rubio ha comparecido en rueda de prensa este miércoles, acompañado de representantes del sindicato CGT en Metro de Barcelona y Àlex Tisminetzky, abogado de Colectivo Ronda que ejerce la representación jurídica en este procedimiento.