La negociación de la reforma de la ordenanza de civismo y convivencia será uno de los caballos de batalla de los próximos meses en el Ayuntamiento de Barcelona, después de que la aprobación inicial en comisión haya abierto el periodo de presentación de alegaciones de cara a perfilar el texto que finalmente se lleve a votación en un próximo plenario municipal. En este campo de juego, Junts per Barcelona ha presentado una docena de alegaciones que deben servir de base para una negociación con el gobierno municipal del PSC con el objetivo de aprobar una norma que pueda contar con el máximo consenso posible para modificar una ordenanza que fue aprobada en el año 2005 y que ahora ya ha quedado "obsoleta".
En este contexto, Jordi Martí Galbis, presidente del grupo municipal de JuntsXBCN en el Ayuntamiento de Barcelona, ha recordado que la ordenanza de convivencia es “de las más importantes, porque regula el comportamiento de la ciudad”, y ha reclamado su modificación porque con el paso del tiempo, “las normas acaban siendo obsoletas y cuando llega el momento de la obsolescencia se tienen que adaptar y reformar a las nuevas situaciones”. Por eso, Martí ha apuntado la existencia de “tres problemáticas” sobre las cuales quiere incidir su grupo para una eventual aprobación, que se despliegan en un conjunto de doce alegaciones que espera que “el gobierno municipal asuma”.
En concreto, Martí ha reclamado, en primer lugar, “una aplicación efectiva” de la futura ordenanza, recordando que para el 60% de los barceloneses, el principal problema de esta ordenanza “es la falta de aplicación”. En segundo lugar, el líder de Junts en Barcelona ha reclamado “el cobro de las sanciones”, apuntando que, según datos del mismo consistorio, entre el 30 y el 90% de las denuncias por incivismo, dependiendo de su tipología, “no se llegan a cobrar”. En tercer lugar, JuntsXBCN reclama una atención especial a lo que ha llamado “multiincivismo”, es decir, “aquellos multireincidentes en términos de incumplimiento de la ordenanza” a quienes ha definido como “gente que violenta la normativa”.
Doce alegaciones
Para sustanciar estas exigencias, JuntsXBCN ya ha entrado a registro una docena de alegaciones, entre las cuales hay propuestas como las de prohibir que desde el mismo gobierno municipal se puedan emitir mensajes institucionales, declaraciones públicas o actitudes "que minimicen, relativicen, justifiquen o blanqueen conductas incívicas tipificadas en esta ordenanza". Para explicar este punto, Martí se ha referido a ejemplos del pasado en que concejales del gobierno Colau se habían manifestado al lado de vendedores ambulantes o se habían manifestado en contra de pagar el transporte público. También se reclama, entre otros puntos, “prohibir la captación activa para el consumo de cannabis en el espacio público”.