El plenario municipal del Ajuntament de Barcelona ha aprobado la propuesta presentada por el mismo partido de gobierno, el PSC, para sacar adelante una iniciativa verbalizada hace unos días por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para regular los alquileres de locales comerciales como medida equivalente a los topes de alquileres residenciales en vigor en la capital de Catalunya con el objetivo de evitar el cierre de negocios tradicionales, emblemáticos o estratégicos para los barrios a causa de los aumentos de los precios de alquiler, una lacra que en los últimos años ha provocado el cierre de muchos comercios. La propuesta, sin sorpresas, ha contado con los votos favorables de PSC, Comuns y ERC, y el voto contrario de Junts per Barcelona, PP y Vox. La iniciativa, en todo caso, depende de cambios legales en el Congreso de los Diputados.
En concreto, la propuesta aprobada manifiesta "el compromiso del Ajuntament de Barcelona con la defensa del comercio de proximidad, de los comercios singulares y de los establecimientos tradicionales como elementos fundamentales de la identidad de los barrios y de la ciudad", y por ello insta al gobierno español y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a impulsar una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, "que incorpore instrumentos específicos para regular o moderar los incrementos de los alquileres comerciales". Asimismo, se reclama que el Congreso habilite "mecanismos que permitan establecer medidas de limitación o contención de los precios de los alquileres comerciales en aquellas zonas especialmente afectadas por procesos de incremento sostenido de las rentas", con "el objetivo de garantizar la permanencia de los pequeños negocios" y "preservar la diversidad comercial de los barrios y evitar la sustitución del comercio de proximidad".
En el debate previo a la votación, la concejala de Junts Joana Ortega ha compartido el objetivo de proteger el comercio, pero ha afirmado que la solución es "equivocada" porque "traslada sobre los propietarios privados la responsabilidad de solucionar un problema que corresponde a los poderes públicos". Junts ha argumentado que es "difícil de entender" que la respuesta del gobierno municipal sea reclamar la intervención del Estado y ha reivindicado que Catalunya o Barcelona ya tienen competencias en materia de comercio y modelo de ciudad. Por su parte, BComú y ERC han apoyado la medida coincidiendo en la importancia de defender el comercio de barrio y proximidad, pero han expresado críticas a la propuesta. Para los Comuns, el concejal Pau Gonzàlez ha indicado que el debate ya tuvo lugar hace un año y medio, mientras que Jordi Coronas, de ERC, ha apuntado que en 2024 ERC ya pidió explorar vías legales para regular alquileres comerciales e identificar zonas tensionadas.
Finalmente, el presidente del grupo popular, Daniel Sirera, ha indicado que comparten la preocupación, pero no "la receta" y ha indicado que ante un problema complejo la respuesta no puede ser "prohibir o intervenir el mercado". Sirera también ha apuntado que el único problema de los comerciantes no son los alquileres y se ha referido a otras cuestiones como la "degradación" de los barrios, la inseguridad o los impuestos. Vox ha apuntado que la iniciativa del PSC busca otra fórmula para "destrozar" el comercio local.