El Consejo de Administración de Barcelona Regional (BR) ha decidido llevar a Fiscalía la auditoría que ha detectado irregularidades en la gestión durante el mandato de CiU. En la reunión de este mediodía se ha acordado esperar a conocer la valoración que da el fiscal antes de dar otro paso contra el expresidente de la Agencia, Antoni Vives, y el ex director general, Willy Müller.
Dos millones de euros sin justificación
La decisión llega después de que el viernes el Ayuntamiento de Barcelona aseguró que la agencia pública de desarrollo urbano había gastado casi dos millones de euros sin justificación en la pasada legislatura, bajo el gobierno de CiU. La auditoría habla de gastos en proyectos internacionales a través de otra sociedad, así como viajas, hoteles y alquiler de coches.
Ante esta situación, el actual gobierno municipal anunció que llevaría|traería la auditoría a la fiscalía. En el mes de octubre, el consistorio ya trasladó un informe a la fiscalía que señalaba posibles irregularidades en la gestión de la agencia pública durante el mandato anterior.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Barcelona hizo públicas sus sospechas sobre el hecho de que la empresa municipal Barcelona Regional contrató irregularmente Entorno Ingeniería y Servicios, una empresa de Pere Pujol Ferrusola, durante el pasado mandato convergente.