Las cosas empiezan a cambiar. El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado por primera vez un caso de racismo inmobiliario. El consistorio ha concluido un expediente sancionador de 45.000 euros en la propiedad de un domicilio ubicado en la Barceloneta y en la empresa que lo comercializa para negar la posibilidad de alquilarlo a una persona de origen marroquí: argumentaron que se había escogido otra candidatura aunque el piso siguió vacío y disponible semanas después.

Es un caso claro de discriminación por racismo a la hora de alquilar un piso, una infracción prevista a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda. "La comunidad marroquí lo sufre mucho y quiero que mi caso sirva de ejemplo para todos los inmigrantes", subraya en la ACN Redouane Mehdi, la víctima de este caso en concreto. Un chico que explica que a menudo le preguntan de dónde es cuando llama a una inmobiliaria.

Mismo nivel de solvencia

El año pasado, en Mehdi buscaba un piso en Barcelona que le quedara cerca del trabajo y encontró una vivienda que le pareció adecuada. Pero la agencia no respondió a su petición, aunque entregó todos los documentos que le pidieron, donde demostraba su nivel de solvencia. "Cada vez que llamaba no me contestaban porque tenían mi número identificado, después de muchos intentos les envié un correo pidiendo que borraran mis datos y les pregunté si no querían alquilarme el piso por una cuestión de racismo", relata.

Finalmente recibió una respuesta por parte de la inmobiliaria: habían escogido otra candidatura. Pero no era así. Un amigo de origen argentino de la víctima se interesó intencionadamente por el mismo piso y lo pudo visitar, a pesar de acreditar un nivel de solvencia equivalente. El agente inmobiliario sí que mostró esta vez su disposición a alquilar la vivienda, demostrando que el criterio de la propiedad no se basaba en la solvencia ni en la indisponibilidad del piso.

A la Oficina para la No Discriminación

Después de confirmar sus sospechas, Mehdi llevó su caso a la Oficina para la No Discriminación (OND). Allí lo estudiaron y analizaron conjuntamente con la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), la entidad que ha sido la encargada de desarrollar todo el procés|proceso administrativo del expediente sancionador.

"Identificamos que se trataba de un caso de discriminación racista y teníamos las pruebas", afirma Mehdi. El proceso fue "muy largo", pero necesario para destapar un caso que puede servir a otras personas "de lo que saben defenderse y también sufren". Es la primera vez que el Ayuntamiento sanciona un caso de discriminación en el acceso a la vivienda en razón de origen de este tipo concreto, ya que anteriormente intervino ante el caso de un anuncio de un piso que se ofrecía sólo a personas españolas.

Redouane Mehdi victima racismo inmobiliario acn

Redouane Mehdi repasa documentos en la Oficina para la No Discriminación / ACN

La multa es un hito administrativo, ya que es muy complicado poder probar la discriminación racista en el acceso a la vivienda. Faltan a menudo pruebas objetivas (no se suele dejar constancia escrita o grabada), algo que limita la actuación de la administración pública en su obligación de perseguir estas actuaciones. La falta de pruebas también afecta a las denuncias, ya que las víctimas relativizan y normalizan la discriminación y acaban por no denunciar. Sin embargo, l'OND ha abierto trece expedientes sobre la vulneración del derecho de la vivienda en el primer semestre de 2021, cuatro que en el mismo periodo del año pasado y ocho más que el año 2019.

Para conocer la situación actual sobre la discriminación racista en el mercado de alquiler de viviendas, el Ayuntamiento de Barcelona hizo un estudio que señaló que las solicitudes con nombres árabes recibían un 20% menos respuestas que las que llevaban un nombre autóctono. "El objetivo no es multar, sino transformar, de hecho nos gustaría no tener que poner ninguno más", afirma en la ACN el concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra.

 

Imagen principal: La víctima de racismo inmobiliario, Redouane Mehdi, delante de la Oficina para la No Discriminación / ACN