El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la suspensión inmediata del desahucio previsto en el bloque de la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu, que afecta a 18 pisos y 32 personas, entre las que hay seis menores. El consistorio ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que detenga el lanzamiento por la situación de vulnerabilidad de los residentes y también mantiene contactos con el abogado de la propiedad para intentar frenarlo.
El comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja desde hace tiempo en el caso y ha calificado el desahucio de "inoportuno e innecesario". Según ha explicado, la mediación comenzó en 2022 y ahora la prioridad es conseguir que el lanzamiento se suspenda y buscar una alternativa habitacional para las familias vulnerables. Riera ha defendido que el desahucio es "la peor de las soluciones" y ha remarcado que muchas de las personas afectadas "ya han sufrido un desahucio".
El TSJC asegura que no consta ningún informe de vulnerabilidad
La versión del TSJC señala que el caso deriva de tres procedimientos iniciados en el año 2019, cuando las viviendas del edificio fueron ocupadas sin título de propiedad ni contrato de alquiler. Según el tribunal, en 2021 ya se ejecutó un lanzamiento de estas viviendas, que posteriormente volvieron a ser ocupadas. El TSJC también afirma que no existe ningún informe de vulnerabilidad respecto de los ocupantes e indica que la propiedad del inmueble es una empresa familiar.
Riera ha explicado que el consistorio está pendiente de la decisión de la comitiva judicial y ha insistido en que hay que ganar tiempo para poder llegar a acuerdos. "Desde el Ayuntamiento podemos hablar de muchas cosas, pero necesitamos el tiempo para poder conseguir y construir acuerdos", ha afirmado. También ha recordado que "hay una obligatoriedad" de ofrecer alquiler social a las personas vulnerables y que habrá que determinar cuál ha sido el cumplimiento de esta obligación por parte de la propiedad. El consistorio estudia, además, si los últimos decretos aprobados por el gobierno español permitirían suspender este lanzamiento concreto.
Servicios sociales activados para las familias afectadas
De los 18 núcleos familiares afectados, 13 han tenido vinculación en algún momento con el Servicio de Intervención por la Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO), y siete mantienen un seguimiento continuado, según fuentes municipales. Las cuatro familias con niños están atendidas por los servicios sociales territoriales y otros servicios especializados. En caso de que el desahucio se ejecute y no dispongan de una alternativa, el Ayuntamiento prevé buscarles un alojamiento de emergencia. Riera ha garantizado que los servicios sociales están activados y que "nadie pasará la noche en la calle".
El director de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, Miquel Bagudanch, ha afirmado que se trabaja para "buscar soluciones" y para utilizar los mecanismos disponibles para que las personas afectadas puedan mantener su hogar. Según ha explicado, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, le ha pedido que estuviera presente en el desahucio, a pesar de que la gestión principal del caso recae en el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio sostiene que desde el inicio de la mediación ha habido varios cambios de propiedad y que los actuales titulares, una sociedad limitada, no quieren suspender el lanzamiento.