El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, no se da por vencido a pesar de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente contra él, como presidente de la empresa pública Tersa, para considerarlo responsable, junto con el jefe de explotación, de varios episodios de combustión irregular en la incineradora de Sant Adrià de Besòs que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas entre los años 2015 y 2019. Si el mismo día que se dio a conocer la denuncia, el pasado 31 de marzo, defendió su inocencia, este martes lo ha vuelto a hacer.

En el marco de la comisión de Ecología, que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Barcelona, Badia ha defendido que la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por Tersa, no supone ningún peligro para el medio ambiente ni para la salud de los vecinos de la zona. Según recoge la ACN, el concejal ha defendido que la denuncia sólo trata una "cuestión claramente técnica" para determinar si el algoritmo de la temperatura era el correcto o no y por eso ha indicado que "será un peritaje contra peritaje".

Según la denuncia, el fiscal los acusa a los dos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque, entre 2015 y 2019, habría habido varios episodios de combustión irregular que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas. La investigación arrancó en 2018 por una denuncia de la entidad vecinal Airenet por prácticas irregulares que provocaban niveles de emisión "muy elevados" de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos. Posteriormente a la comparecencia de Badia, los grupos municipales han ido interviniendo uno por uno, coincidiendo en que el juzgado será el encargado en determinar si se produjeron irregularidades.

Así han pedido "prudencia", pero también han aprovechado para cargar contra el equipo de gobierno, a quien han acusado de "falta de transparencia". También han recordado que se trata de un tema que provoca inquietud a los vecinos de la zona y han instado al ayuntamiento a "hacer el trabajo bien hecho" y garantizar un seguimiento "técnico y esmerado", ya que, consideran, que durante este periodo ha habido una "falta de liderazgo político". En este sentido, han recordado que en su momento se anunció que se impulsaría un observatorio, del cual "no han oído hablar nunca más".

Quejas vecinales

La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente ha llegado cuatro años después de que la entidad vecinal metropolitana Airenet advirtió en abril del 2018 de prácticas irregulares que provocaban niveles de emisión "muy elevados" de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos. Por eso, se decía que la incineradora "envenenaba" la ciudad. El 16 de mayo del mismo año, la Fiscalía abrió investigación, que encargó al Seprona de la Guàrdia Civil. Aquella investigación concluye ahora que el presidente y el jefe de explotación de la planta "habrían estado haciendo y/o tolerando conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la normativa ambiental aplicable", y que podrían estar suponiendo un riesgo "grave" para la salud de las personas que viven en el entorno, así como para el medio ambiente en general.