La familia Ramírez de Haro vuelve a quedar expuesta en los tribunales, esta vez por un litigio económico que llevaba años gestándose en silencio. Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, ha sido condenado a compensar a su hermano Íñigo con 853.732 euros, cantidad que corresponde a la parte que nunca le entregó tras la venta de un valioso cuadro de Goya en 2012. La resolución, emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, reabre un episodio familiar marcado por deudas millonarias, pactos internos y un patrimonio artístico que terminó en manos del empresario Juan Miguel Villar Mir.
Todo se remonta a 2012, cuando cinco de los hermanos Ramírez de Haro se reunieron para encontrar una salida al complicado escenario financiero del primogénito, el conde de Bornos, cuya deuda ascendía a siete millones de euros. La decisión conjunta fue desprenderse de una de las piezas más valiosas del legado familiar: el Retrato de Valentín Belvís de Moncada, pintado por Francisco de Goya. Fernando se encargó de gestionar la operación y cerró la venta por 5,8 millones de euros. A cambio, se comprometió a repartir la parte proporcional de ese ingreso entre sus hermanos y la hija del quinto, ya fallecido.
Cerró la ventana por 5,8 millones de euros y no le ha pagado ni uno
Ese compromiso quedó plasmado por escrito en un documento fechado el 9 de enero de 2014. Sin embargo, con el paso de los años, las palabras nunca se transformaron en hechos. A pesar de los correos enviados por Íñigo en 2019 para reclamar lo que le correspondía, el pago jamás llegó. La situación desembocó primero en una querella penal en 2020 —que terminó archivada— y después en un procedimiento civil que esta vez sí ha prosperado.
El juez ha considerado que el acuerdo familiar era plenamente válido y que la ausencia de un plazo concreto no impide exigir el cumplimiento de lo pactado tras un periodo razonable. Apoyándose en el artículo 1128 del Código Civil, el magistrado determina que es el momento de hacer efectiva la deuda y añade, además, los intereses que deberán calcularse en fase de ejecución. El razonamiento del fallo recuerda que han pasado más de diez años desde la venta del cuadro y que incluso hubo propuestas informales para saldar la deuda, reflejadas en los correos intercambiados.
Este conflicto civil se suma a la larga sombra del procedimiento penal archivado en 2023, donde se investigaron posibles delitos como estafa, apropiación indebida, administración desleal o incluso blanqueo. La Fiscalía llegó a plantear si Fernando Ramírez de Haro habría defraudado a Hacienda con la operación. Nada de ello prosperó, pero el caso siguió generando preguntas, especialmente porque la venta se produjo cuando Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y el cuadro aún no contaba con protección oficial.
Curiosamente, solo un mes después de que se cerrara la causa penal, la Comunidad de Madrid declaró la obra Bien de Interés Cultural, otorgándole el máximo nivel de protección por tratarse de un ejemplo notable de los retratos de Goya de finales del siglo XVIII.
La sentencia puede ser recurrida, pero el episodio deja de nuevo a la familia en una posición incómoda: un acuerdo incumplido, un patrimonio disputado y un cuadro de Goya en el centro de una batalla que mezcla dinero, herencias y reputación.
