El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caja Narcís Serra, el exdirector general Adolf Todó y trece altos cargos más por presunta administración desleal que habría originado un agujero a la entidad de más de 720 millones de euros.

El auto del titular del Juzgado central de instrucción número 2, Ismael Moreno, es del 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB.

El juez ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en calidad de entidad pública que compró la entidad.

Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidente de la caja en el 2007 y actual presidente de Enagás.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterráneo (PROCAM).

En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos periodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el cual ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo cual suponía "un riesgo en la inversión".

La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; también, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de las mencionadas participaciones empresariales.

El consejo de administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

Entre los años 2001 y 2007 se realizaron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

No se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando sí se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.

También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

También el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un perjuicio mayor.

Sierra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir del 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra los dos.