El juez del Vendrell que investiga una parte del caso del 3% ha trasladado al TSJC la parte que afecta al diputado de Junts pel Sí y exconseller de Justícia Germà Gordó. Como Gordó es aforado, el juzgado de instrucción no tiene competencias para imputarlo. El juez cree que hay bastantes indicios para imputarlo a partir de la documentación que ha ido reuniendo a la Guardia Civil.

El mes de enero pasado el juez ya pidió que se investigara y citara a declarar Gordó, pero el TSJC lo desestimó.

Los investigadores sostienen que las reuniones que Gordó celebró en su despacho con empresarios no fueron encontradas por cortesía política, sino que se utilizaron como previas de los pagos a su partido a través de las fundaciones de Convergència. En su momento, los magistrados del TSJC argumentaron que los investigadores no demostraron con qué finalidad se hicieron las reuniones y, aunque reconocieron que hubo donaciones, se hicieron demasiado alejadas en el tiempo de las adjudicaciones.

Entre los últimos informes sobre Gordó hay uno que lo acusa de haber intentado extorsionar, sin éxito, a la dirección de Repsol para que hiciera una donación de 30.000 euros a una fundación convergente.

Según los investigadores, Germà Gordó habría aceptado ir de caza y entradas de fútbol gratis a cambio de favores.

Casos entrecruzados

La implicación de CDC y algunos de sus altos cargos en el cobro de comisiones van saliendo salpicados en otros casos que se están investigando o ya están en pleno juicio.

Un imputado en el caso Pujol, que investiga la Audiencia Nacional sobre los Pujol Ferrusola, ha declarado y señalado a Germà Gordó, también a Artur Mas. Los sitúa en el marco de las conversaciones que tuvo para trabajar en obra pública en Catalunya.

El caso Palau es el otro gran caso que preocupa a los dirigentes del partido. Tal como ha ido evolucionando hubiera podido derivar en un caso de financiación irregular de Convergencia para última hora, cuando se han presentado los escritos de acusación finales, el abogado de la Generalitat ha decidido no acusar CDC. El extesorero, Daniel Osácar, se enfrenta a los 8 años de cárcel.