Carmen Lamela ha hecho historia este 17 de octubre de 2017. Es la primera magistrada española en dictar un auto por sedición en democracia, por el que ha encarcelado preventivamente a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y a Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a petición del fiscal Miguel Ángel Carballo, también de la Audiencia Nacional (AN).

La magistrada, de 56 años, ha hecho lo que se esperaba desde el jueves pasado, cuando entre los grupos de invitados al desfile militar del 12 de octubre en Madrid ya corría que este lunes se dictarían dos órdenes de cárcel y que una tercera "era dudosa". Esta "dudosa" era la del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

Hace dos semanas, Lamela fue condecorada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con la medalla al mérito policial con ocasión del 2 de octubre, dia de los Ángeles Custodios, patrones de la policía española. Un año antes, el 15 de octubre del 2016, le fue otorgada la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil, once días después de que se hiciera cargo de investigar una pelea de bar entre guardias civiles y unos jóvenes en Altsasu (Navarra), que ella consideró delito de terrorismo.

"Una hormiguita"

En opinión de sus compañeros, es "una hormiguita", discreta y muy trabajadora, que siempre ha huido de las cámaras y a quien no le gusta aparecer. Lamela está asociada al sector progresista de la magistratura. Se licenció en derecho en 1984 en la Universidad Pontificia de Comillas, regida por los jesuitas. Es juez desde 1986: pasó la oposición en el octavo lugar de entre los 169 aspirantes de su promoción.

El caso de sedición contra Cuixart, Sànchez, Trapero y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, responde a una denuncia del fiscal para investigar si se había cometido delito de sedición a raíz de las concentraciones y manifestaciones de los pasados 20 y 21 de septiembre, después de que la policía española y la Guardia Civil detuvieran a 14 cargos del Govern en el asalto a cuatro conselleries y una docena más de dependencias de la Generalitat. Lamela era quien estaba de guardia al frente del juzgado central de instrucción 3 de la AN el día que se presentó la denuncia, aunque inicialmente, por error, se le asignó al juez Ismael Moreno.

Ha trabajado en Catalunya

Lamela conoce Catalunya. Entre 1989 y 1993 fue nombrada decana de los jueces de Badalona y magistrada del Audiencia provincial de Barcelona. Antes había pasado por el juzgado de primera instancia de Oriola, su primer destino, y en 1987 fue trasladada al juzgado de primera instancia de Manzanares, en Madrid. Allí instruyó el caso del preso etarra Mikel Lopetegui Larrarte, a quien encontraron colgado de la cisterna de su celda en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Lamela calificó el hecho como "un claro suicidio".

De Barcelona saltó a Madrid en 1993, al juzgado de instrucción 25. Cuatro años después, pasó a la sección 16 y posteriormente a la 17 de lo penal de la Audiencia de Madrid. Entre 2009 y 2011 formó parte del equipo de Iñaki Sánchez, el secretario general de la administración de Justicia del ministro socialista Francisco Caamaño. En este cargo intervino en la elaboración de la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la administración de justicia, y en la ley de medidas de agilización procesal, ambas de 2011.

En el 2010 formó parte de una terna para incorporarse a la AN, al frente del juzgado de instrucción 5, del que había sido suspendido Baltasar Garzón. Lamela no fue escogida. En mayo del 2017, fue la menos votada (un voto de los 21 emitidos) para el cargo de presidenta de la sala de lo penal de la AN. El Consejo General del Poder Judicial prefirió situar a Concepción Espejel, la magistrada que los integrantes de aquella misma sala de lo penal habían apartado del caso Gürtel por su proximidad al Partido Popular.

Casos polémicos

La magistrada Lamela ha gestionado otros casos polémicos entre 2015 y 2016. Uno de los más conocidos es la pelea en el bar Koxka de Altsasu (Navarra) entre varios jóvenes y dos guardias civiles. Lamela decidió quedarse el caso al considerarlo terrorismo, uno de los tipos que corresponden a la AN. Entre otras diligencias, pidió a la Guardia Civil un informe sobre "la campaña de acoso que sus agentes sufren en Navarra, en concreto, en Altsasu". En esta localidad, el primer trimestre del 2016, la Guardia Civil ejecutó más de cien dispositivos (registros, identificaciones...). Lamela instruyó el caso en cinco semanas y procesó a nueve de los supuestos agresores, a los cuales imputa los delitos de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio. Casi un año después, el caso no se ha juzgado y cuatro de los nueve procesados siguen en prisión preventiva.

En el caso Abengoa investigó, por delito de administración desleal, el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, este también acusado de un delito de información privilegiada. En el caso Bancaja, investigó a 23 exconsejeros y directivos del banco por la concesión de 520 millones de euros en créditos dudosos. En la operación Rimet reveló una presunta trama de blanqueo de capitales que llevó a la cárcel al expresidente del Barça, Sandro Rosell.

Esta misma jueza archivó la denuncia del fiscal contra el Ayuntamiento de Premià de Dalt por delitos de rebelión o sedición a raíz de la aprobación de la moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament de 2015.