Un informe del Ministerio de Hacienda remitido al juzgado de instrucción número 13 cifra en menos de 200.000 euros el gasto pagado por la Generalitat para el referéndum del 1-O, con lo que desmiente el criterio de la fiscalía, porque la cifra no llega para el delito de malversación.

En concreto, Hacienda dice que, según los expedientes que ha analizado, el gasto pagado se limita al coste "de honorarios y desplazamientos" de los observadores internacionales, de 177.304,90 euros, y a la traducción al inglés de la web www.cataloniavotes.eu. Los dos gastos son atribuidos al Diplocat. Hacienda también cifra unos 615.000 euros comprometidos por otros conceptos, pero que el Govern no llegó a pagar. La cifra total pagada que concluye Hacienda, 196.906,90 euros, incluye alguna factura que se habría abonado entre en julio del 2017 y enero del 2018, periodo que incluye algunos meses de aplicación del 155.

El informe, avanzado por TV3 y al que ha tenido acceso la ACN, fue enviado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona a principios de noviembre. Hacienda concluye que la Generalitat comprometió gasto por valor de 812.624,78 euros, de los que se habrían pagado 196.906,90 euros.

En el informe, todos los gastos pagados se atribuyen al Diplocat. Por una parte, 19.602 euros para la traducción al inglés de la web www.cataloniavotes.eu. Por este concepto, el Govern dejó pendiente de pagar 13.068 euros. De la otra, el coste de los honorarios y desplazamiento de observadores internacionales, cifrados en 177.304,90 euros y que, según Hacienda, se pagaron íntegramente. Por este concepto, el informe concreta que se abonaron las facturas entre julio del 2017 y enero del 2018, los últimos meses ya con la aplicación del 155 en marcha.

En cambio, Hacienda concluye que hay 615.717,88 euros que la Generalitat habría comprometido pero no pagado. Es el caso de 336.143,34 euros para la inserción en los medios de comunicación de la campaña de publicidad institucional de las vías del tren, y los 266.506,54 euros para la campaña de publicidad desarrollada entre febrero y mayo del 2017 para el registro de catalanes residentes en el exterior.

Las cifras detalladas por el Ministerio de Hacienda en este informe están lejos de las que utilizan la fiscalía y la Abogacía del Estado para sostener el delito de malversación de fondos públicos. El ministerio público ha cifrado la malversación en cerca de 3,1 millones de euros, aunque en su escrito de acusación admite que algunas facturas no se llegaron a pagar.

Por su parte, en su escrito, la Abogacía del Estado sitúa la malversación en los 2,9 millones de euros y asegura que la Generalitat "burló los controles establecidos", ya que las cuentas estaban intervenidas por el Estado.