Las declaraciones del exministro José Manuel García-Margallo en un programa de televisión sobre que España presuntamente debería favores a otros países por acuerdos secretos contra Catalunya han hecho reaccionar a ERC y el PDeCAT en el Congreso pidiendo la comparecencia del exministro en la comisión de Exteriores. Sin embargo, la iniciativa de los portavoces Joan Tardà y Jordi Xuclà podría no llegar a buen puerto por la perdida de la condición de titular ministerial de Margallo, ahora diputado, lo que le avalaría para evadir el control parlamentario, si la mesa así lo decide.

Tras registrar la comparecencia, Tardà ha dicho que las afirmaciones de Margallo "son la mejor prueba del juego sucio que ha hecho el Estado contra la demanda legítima de Catalunya: dentro, recurriendo a la vía judicial, y fuera, practicando la peor política, desde la distorsión, la mentira y el desprecio a una realidad catalana que siempre ha querido ocultar", dijo. También se ha quejado de que esta sería "la vieja expresión de la respuesta autoritaria" y ha recordado que la respuesta de los partidos independentistas, será "la defensa de la democracia, y mucho más, ante los que la pretenden negar", cerró.

erc margallo

Xuclà ha denunciado el hecho como un intento de "frenar la libertad de expresión política y el punto de vista legítimo", del soberanismo. Recordó que hace meses aparecieron algunas evidencias de la llamada comisión Barretina, que habría trabajado durante cins años, si bien las afirmaciones del exministro habrían constituido "la prueba" de que sí habría existido dicha unidad. "Es un escándalo mayúsculo", añadió. Por ello, el PDeCAT ha adjuntado junto con la comparecencia también una batería de 17 preguntas y demandas al Gobierno central, entre las que se encuentran:

– ¿Qué favores debe el Gobierno a cada uno de los países bálticos / Canadá / Vaticano, como consecuencia de los viajes y actuaciones del Gobierno para evitar que se posicionaran a favor del proceso catalán?

– ¿Qué coste económico han representado o representaran para las arcas públicas las actuaciones y "favores" realizados o que debe España a cada uno de los países anteriores, a cambio de evitar que se posicionaran a favor del proceso catalán?

– ¿El Gobierno tenía conocimiento de las reuniones semanales de los viernes, del ministro de Asuntos Exteriores con embajadores y cónsules, la llamada "comisión barretina" para incidir directamente sobre la opinión pública de cualquier país que se pronunciara a favor de procesos catalán? En caso afirmativo, ¿Participaron otros miembros del Gobierno en algunas de las reuniones mencionadas?

La cuestión es que la petición tiene que ser revisada por la Mesa del órgano, que está compuesta por dos diputados del Partido Popular -Guillermo Mariscal y Pilar Rojo-, dos del PSOE -José Miguel Camacho y José Zaragoza- y uno de Unidos Podemos-En Comú -Raimundo Viejo-. Para que la petición prosperase necesitaría mayoría, si de un caso ordinario de comparecencia de un ministro se tratara, como hizo Maria Dolores de Cospedal (Defensa) hace unos meses, sobre el caso del Yak- 42, Cristóbal Montoro (Hacienda) por los impuestos, o Álvaro Nadal (Energía, Turismo y Agenda Digital), por la subida de la luz.

Fuentes parlamentarias consideran que el trámite no sería posible de aprobar porque ya no es ministro, sino diputado, y no está sometido al control parlamentario. Además, tampoco habría precedentes sobre este hecho. Ahora bien, fuentes de ERC contraargumentan que eso, en todo caso, es una decisión "política" porque otras personalidades, como el presidente de ADIF, sí que rindieron cuenta en el Congreso sin ser ministros. Esta persona, sin embargo, estaría vinculada a la administración porque llevó a cabo un servicio para Fomento.

Un caso diferente es una comisión de investigación, como la del exministro Jorge Fernández Díaz, donde sí es obligatorio comparecer, a pesar de no ser ministro, sino diputado. Aquí no habría duda. Xuclà ha empleado este ejemplo, sin bien, pero ha reconocido que finalmente la decisión dependerá de la voluntad de Margallo y de la mesa del Congreso.

Desde de Unidos Podemos informan que se pronunciarán una vez se formalicen las dos peticiones, y al PSOE lo están estudiando en estos momentos.