El miércoles de la semana pasada asistimos con el morbo del directo, al anuncio del fallecimiento de la senadora Riba Barberá, al minuto de silencio organizado a toda prisa por el Congreso de los Diputados del que no era miembro, y a un desfile de altísimos cargos del PP, con su presidente y la general secretaria al frente, a todas partes donde fuera visible la manifestación de su pesar por la desaparición de la excompañera, a la que habían mostrado la puerta de salida y habían, según parecía, despreciado.

Este retablo tuvo como música de fondo a los agitadores de guardia llamando de todo menos guapo a los que, según ellos, eran los causantes, se diría que directos, de la muerte de la senadora levantina. Así, los que jurídicamente la persiguieron (fuerzas policiales, fiscales y jueces), los que la llevaron ante los tribunales (querellantes y arrepentidos), periodistas y ciudadanos decentes en general fueron acusados, en nombre de la presunción de inocencia, prácticamente de su ejecución: Hernando, Catalá y Villalobos encabezaron el rosario de exabruptos, radicalmente y sin paliativos antidemocráticos.

Olvidando, cosa que no es menor, que el PP fue quien se la quitó de encima, eso sí aparcándola en un garaje dorado, Rajoy había llegado a afirmar que nada podía hacer ya sobre Barberá, porque ya no tenía autoridad sobre ella. La traca final de este festival fallero de glorificación post mortem han sido las dos -por ahora- misas, organizada la primera y celebrada la segunda, en la catedral de Valencia por uno de los obispos más homófobos de la curia española, Monseñor Cañizares, que remachó el clavo dejando patente, en su opinión, el martirio de la alcaldesa valenciana, modelo para la vicepresidenta del Gobierno de Madrid.

Todo ello es bien conocido y, algunos recortes acompañan esta pieza. Me interesa sin embargo resaltar un aspecto, como es el de la presunción de inocencia. Lo he hecho antes, lo hago ahora y, seguramente, lo haré en el futuro, tanto por escrito, como en intervenciones de radio o televisión, e incluso en alguna intervención parlamentaria.

Es habitual, especialmente en boca de políticos dichos presuntos, y de sus conmilitones, decir que el seguimiento y muy singularmente la difusión de sus eventuales fechorías vulneran de cuajo su presunción de inocencia, porque estos ataques tienen lugar antes de que se dicte una condena y, llegada la absolución, esta declaración judicial queda arrinconada y no tiene trascendencia.

Vamos, como siempre a palmos. Empezamos por el final. ¿Absoluciones? Quién puede mencionar más de media docena desde Ibercorp, Filesa... a Fabra, Ferrocarrils, Turisme, Treball...? Ciertamente haber sido imputado y después exonerado no siempre está legalmente reparado, pero la ciudadanía tiene derecho a saber y, en todo caso, los medios retransmiten lo que ven. ¿Dicen/dirán lo mismo en el caso de Mas, Ortega, Rigau u Homs?

El hecho de que relevantes personajes de la política y de la economía estén sometidos a procesos penales es, en sí mismo, un hecho noticiable. Todo el mundo sabe que todavía no hay condena, hecho que no invalida en absoluto el derecho a difundir y a recibir hasta el último hilo de las instrucciones y después de los juicios y posteriores recursos. El límite es la información veraz. Otra cosa sería censura.

En el fondo -o en el principio- lo que se pasa por alto es que la presunción de inocencia, que forma parte del derecho a un proceso público con todas las garantías, sólo es un derecho dentro de los juzgados y tribunales, con el fin de impedir condenas basadas en prejuicios y sin pruebas válidas. Es un derecho fundamental, pero que hay que ejercer en sede judicial, dentro de un proceso sancionador.

De cómo se forme esta opinión pública depende en buena medida de lo que una persona haya hecho o parezca muy probable que haya hecho, aún más cuando estará soportado sobre instrumentos probatorios sólidos, como documentos o declaraciones de cofrades de incursión en terrenos prohibidos. Para poner un ejemplo: ¿quién no recuerda los alegatos autoexculpadores de Fabra? Y pensándolo bien, qué diría: ¿qué era culpable? ¿Qué ha dicho Matas siempre incluso cuando ha reconocido con la boca pequeña -con poco éxito procesal todo sea dicho- ínfimos resquicios en su aireada inocencia? ¿Qué ha dicho Bárcenas, ya en pleno primer juicio oral del caso Gürtel? No hay que seguir aburriendo al lector.

Al fin y al cabo, sacar a pasear la presunción de inocencia para librarse del escrutinio de los ciudadanos es una falacia y un recurso chapucero. En el fondo lo que se pretende es laminar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz y a que se forme una opinión pública en una sociedad democrática. Eso tiene un nombre: es muy feo y de muy mal recordar.